El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha salido, por fin, aprobado del Congreso. No, desde luego, con la mayoría deseada, pero sí, al menos, con la requerida para que, tras el trámite del Senado, el texto sea sometido al refrendo de la ciudadanía catalana. Si se compara lo aprobado con lo presentado, no acaba de entenderse la nula modulación que el Partido Popular ha introducido en su oposición a lo largo del debate. El texto que sale del Congreso no merece los mismos reproches que pudo merecer el que en él entró. Así, la oposición popular, de haber podido sonar a algunos auténtica y sincera en sus inicios, ha acabado pareciendo a casi todos huera y sobreactuada. El descuelgue de los republicanos ha contribuido, además, a dejar al descubierto su absoluta desnudez argumental.

El nuevo Estatuto tiene tres características principales. La primera consiste en la ampliación del autogobierno de Cataluña mediante la adición de nuevas competencias; la segunda, en la clarificación de su ejercicio a través de una más nítida definición de sus contenidos; la tercera, en la mejora de su financiación. Se puede o no estar de acuerdo con ello, pero lo que de ningún modo cabe afirmar es que, con esta innovación estatutaria, el Estado español haya dejado de ser el que diseñó la Constitución de 1978. El núcleo duro de ese Estado sigue, por el contrario, incólume.

A expensas de lo que eventualmente dictamine el Tribunal Constitucional -al que, por cierto, nada en el nuevo texto le quita una pizca de su capacidad de intervención-, lo que ahora se dice en este Estatuto de 2006 habría podido decirse, con la misma solvencia constitucional, en el anterior de 1979. El tiempo transcurrido es argumento suficiente para explicar los cambios; y el que queda por transcurrir lo será también para juzgar su oportunidad y conveniencia. Por contra, el carácter acomodaticio de las instituciones y la dinámica competitiva de los partidos se bastan a sí mismos para dar cuenta de la sublimación al nivel de razones de lo que no son, las más de las veces, sino excusas doctrinarias o, incluso, eslóganes propagandísticos de quienes se resisten al cambio.

Pero, en política, los procesos de cambio, además de por su valor intrínseco, han de juzgarse también por los efectos colaterales que producen, y este concreto de la modificación del Estatuto catalán los ha producido tan abundantes y tan previsiblemente duraderos que merece la pena detenerse en ellos. No se trata, en este caso, de predecir y valorar los efectos que sobre el sistema autonómico general están, sin duda, llamados a producir los contenidos del nuevo Estatuto de Cataluña, sino de analizar, más bien, los que ya se han dejado notar en virtud del rocambolesco procedimiento que se ha seguido hasta el momento de aprobarlos.

La elaboración de un nuevo Estatuto fue, desde un primer momento, la iniciativa estrella del tripartito catalán. Con ella, se pretendía consolidar para el futuro la nueva alternativa gubernamental que se acababa de configurar en Cataluña, dejando descolgada, de un lado, la inmovilidad del Partido Popular y desbordada, de otro, la pasividad que en este terreno había demostrado la coalición nacionalista que había ostentado el Gobierno de la Generalitat durante los anteriores veintitrés años. De paso, pero no en menor medida, el liderazgo del Partido de los Socialistas Catalanes y de su presidente quedaría reforzado con vistas a su confirmación electoral en las próximas legislaturas. La estrategia, que, con los populares en el poder, pudo parecer demasiado confiada a los inciertos avatares de una resistencia puramente victimista, adquirió visos de viabilidad con el acceso de los socialistas españoles al Gobierno central, que nacía, además, con el compromiso electoral de apoyarla. Los vientos habían rolado y soplarían, en adelante, de popa.

Nunca nadie habría podido imaginarse que se cumpliría, en este caso, aquello de que «se puede uno morir también de éxito». Alcanzado el objetivo de aprobar el Estatuto, el tripartito que lo promovió se encuentra a punto de saltar por los aires, su presidente ha caído a la categoría de dudoso candidato para las próximas elecciones, el partido que lo vertebra -el de los socialistas catalanes- corre el riesgo de perder sus señas de identidad tradicionales y, para redondearlo todo, la oposición nacionalista, en vez de verse desbordada, ha acabado alzándose con el santo y la limosna.

Alguien podría pensar que el fiasco se ha debido a la tardía maniobra con que el presidente Zapatero derivó la nave de los republicanos a los nacionalistas catalanes. Más acertado resulta, sin embargo, atribuirlo a la torpeza de quienes no calcularon los riesgos de apuntarse en su día a la irresponsable teoría del maximalismo. Así, aunque los males del Estatuto no sean tantos, tampoco han resultado tan pocos los daños colaterales que ha causado.