El Gobierno tiene sobre la mesa desde finales de la semana pasada los expedientes de 101 presos de ETA, candidatos a un hipotético acercamiento a cárceles próximas al País Vasco si la organización terrorista da muestras antes de junio de su voluntad real de dejar las armas. Son casos de etarras ya juzgados que en su mayoría no tienen delitos de sangre y sin condenas múltiples.