Venezuela ha colocado contra las cuerdas a las grandes petroleras internacionales. El Estado ha asumido el control de los campos petrolíferos y, si las multinacionales quieren seguir operando en el país, están obligadas a convertirse en accionistas minoritarios de la compañía estatal PDVSA. La francesa Total y la italiana Eni se han negado a pasar por el aro y han tenido que marcharse, al quedar sin valor sus respectivos contratos.

El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, declaró ayer que no querían «atropellar a nadie», pero que tampoco «podemos aceptar que se atropelle y se vulnere nuestra legislación».

El también presidente de PDVSA dijo que no se trataba de una expropiación porque «no existe esa figura» en los 32 convenios firmados con las petroleras. «Sencillamente ponemos punto final a esos contratos porque son lesivos a nuestro interés», precisó.

El viernes, fecha tope para cualquier arreglo, Repsol, Suelopetrol, BP, Teikoku, Vincler, Inemaka, Open, Petrobrás, CNPC, Chevron, Shell, CGC, Tecpetrol, Perenco, Harvest y Hocol, acordaron traspasar sus convenios operativos firmados en los años 1990 para transformarse en empresas mixtas en las que la mayoría queda en poder PDVSA.