Gobierno, empresarios y sindicatos negocian contra reloj una reforma laboral consensuada, conscientes de que tras más de un año de debate no pueden cerrar la mesa de diálogo sin la firma de un acuerdo, lo que se entendería como un rotundo fracaso. Sería reconocer su incapacidad para avanzar en la modernización de las relaciones laborales, algo que los tres interlocutores no están dispuestos a asumir. Mantienen contactos y reuniones extraoficiales, en busca de una serie de cambios normativos que puedan presentar ante la opinión pública y que respalden su papel en la sociedad.

Las prisas provienen de que consideran que en abril deberán zanjarse las conversaciones y se trata de un mes con pocos días hábiles al incluir la Semana Santa.

Las discrepancias hasta la fecha han sido muy importantes. Para los empresarios, si el sistema de despido no se flexibiliza, la reforma será superficial. Los sindicatos, por su parte, evaluarán el alcance del documento consensuado en función de cómo quede regulada la subcontratación y las contratas.