El Partido Popular presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Audiovisual de Cataluña al considerar que vulnera al menos diez artículos de la Carta Magna. El principal grupo de la oposición alega que la Administración catalana quiere «controlar políticamente los medios de comunicación» y «arrinconar el castellano reduciéndolo a la mínima expresión».

Para el PP, uno de los apartados más polémicos es el de sanciones, donde se estipula el principio de la información veraz y se castiga con 300.000 euros y 3 meses de suspensión a los medios que infrinjan esta norma. En su opinión, con esta medida la Generalitat atribuye al Consell Audiovisual de Cataluña la potestad de «dictar instucciones que definan el contenido de lo que es o no veraz, función reservada hasta ahora al poder judicial».

El PP considera que el Gobierno de Pasqual Maragall asume poderes «desproporcionados» que corresponden al Estado al definir conceptos como la veracidad, el pluralismo, la normalidad lingüística y el desarrollo de derechos fundamentales. Por ello, los populares acusan a la Ley Audiovisual catalana de vulnerar los artículos 20, que trata la libertad de información; 3, que consagra el castellano como la lengua oficial del Estado, y 14, que estipula la igualdad de todos los españoles.