Los cinco arqueólogos y la topógrafa que denunciaron hace un mes su despido de los trabajos de restauración de la catedral vitoriana de Santa María volvieron a exigir ayer su readmisión y el reconocimiento de sus derechos laborales. Los seis afectados aseguran que su situación como «falsos autónomos» era «fraudulenta» e imputan la responsabilidad a la Fundación Euskoiber -que les contrató- y al reconocido catedrático Agustín Azakárate, en cuyo equipo trabajan. Reclaman la intervención de la UPV y de otras instituciones.

Delegados de ELA se concentraron frente a la biblioteca del campus para respaldar ayer a los seis afectados y denunciar que la Universidad puede llegar a ser una «fábrica de explotación». Criticaron que los profesionales trabajaran sin relación laboral reconocida, con salarios bajos y sin horarios delimitados, con apenas 15 días de vacaciones al año y con las cotizaciones de la Seguridad Social a su cargo. Al demandar una mejora en sus condiciones, fueron despedidos, según el sindicato ELA.