Bruselas ha iniciado una confrontación mayúscula contra buena parte de los socios de la UE. La Comisión Europea abrió ayer procedimientos de infracción contra 17 socios comunitarios -entre ellos, España- por la falta de liberalización de sus mercados energéticos. En el caso de Madrid, además ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por la denominada 'ley anti EDF' de 1999, mediante la cual el Gobierno -entonces, del PP- limitaba los derechos de voto de empresas públicas extranjeras en eléctricas españolas. La denuncia se desarrolla al margen del procedimiento iniciado contra el Ejecutivo español por el decreto-ley que amplia las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que permite a ese regulador analizar e, incluso, vetar la OPA lanzada por el gigante alemán E.on sobre Endesa.

El Gobierno de José María Aznar dictó la controvertida normativa para evitar que compañías energéticas controladas por el Estado o con fuerte presencia de él en su capital, como la francesa EDF -entonces, en fase claramente expansionista-, asumieran posiciones dominantes en los consejos de administración de firmas españolas privatizadas, como Endesa. El mecanismo de la ley era simple: si una empresa pública pretendía hacerse con más del 3%de una sociedad española del sector, el Consejo de Ministros tenía que dar su autorización previa.

Advertencias

A Bruselas, la ley le pareció abiertamente contraria a la libertad de movimiento de capitales. Y se lo hizo saber, aunque sin resultados, al Ejecutivo. Finalmente, en julio de 2003, emitió un dictamen motivado que ha dado lugar ahora, a la vista de la nula actuación de las autoridades españolas, al recurso ante el Tribunal de Justicia, que se sustanciará dentro de año y medio aproximadamente.

Al margen de esa denuncia, los procedimientos instruidos contra 17 socios, España entre ellos, por apertura deficiente de sus mercados energéticos a la libre competencia constituyen una de las decisiones comunitarias más espectaculares de los últimos tiempos.

La UE se encuentra inmersa en un proceso liberalizador, que concluirá a mediados del año que viene. Entonces, los consumidores domésticos podrán escoger a sus proveedores de gas y electricidad, en virtud de un acuerdo alcanzado en noviembre de 2002.

Las primeras decisiones de abrir los mercados energéticos, en este caso de los eléctricos, datan de mediados de los 90, concretamente de junio de 1996, y su aplicación en los estados miembros ha sido muy irregular.

El único de los 25

España se ha jactado de disponer de una legislación puntera en materia de apertura energética, pero la Comisión le reprochaba ya el año pasado que no basta con legislar, si- no que hay que hacer que la ley se cumpla. El comisario de la Energía, Andris Piebalgs, subrayó ayer que se trata del único socio de la UE que todavía no ha trasladado a su legislación nacional las normativas comunitarias sobre apertura de los mercados del gas y la electricidad. Es decir, está a la cola de los 25 en ese ámbito.

El proceso sancionador abierto ayer a Madrid se basa en la existencia de precios regulados en el sector eléctrico que bloquean la entrada de nuevos suministradores; y, en el mercado del gas, en la insuficiente separación de las actividades de transmisión y distribución. Además, Bruselas ha llevado a España ante la Justicia europea por no haber notificado la incorporación de las directivas para la apertura de los mercados.

Los otros 16 países cuestionados por la deficiente liberalización de sus sectores energéticos son Bélgica, la República Checa, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Letonia, Estonia y Lituania, Austria, Grecia, Irlanda, Finlandia, Suecia, Polonia y Eslovaquia.

No se detuvo aquí ayer la furia de la Comisión. A Italia le exigió que derogue disposiciones similares a la ley española de 1999 y a Francia le abrió un procedimiento de infracción por su decreto de finales de 2005 contra las 'opas' en 11 sectores estratégicos.

De otro lado, el comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, confirmó que a finales de este mes o principios de mayo abrirá el proceso de infracción contra España por el intento de torpedear la OPA de E.on sobre Endesa.

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