La Comisión Europea dio ayer su visto bueno a un nuevo proyecto de directiva para la liberalización de los servicios en la UE, que refleja en lo sustancial las posiciones manifestadas por el Parlamento durante el debate que dedicó al tema, el pasado mes de febrero.

El nuevo texto, que será objeto de transacciones tanto en el Consejo como en el Parlamento, elimina el controvertido principio del país de origen del prestatario del servicio, y deja fuera de su ámbito de aplicación a una amplia relación de sectores: los financieros, las telecomunicaciones, los de transporte y portuarios, la asistencia sanitaria, los servicios sociales relativos a la vivienda social, el cuidado de niños y el apoyo a familias y personas necesitadas, las actividades relacionadas con el ejercicio de una autoridad oficial, agencias de trabajo temporal, servicios privados de seguridad y el juego y los servicios audiovisuales.

Beneficio económico

A pesar del limitado campo de aplicación del proyecto de norma, el comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, se declaró convencido de que tendrá un impacto económico considerable en la Europa comunitaria.

El proyecto de directiva facilitará el establecimiento de empresas en los estados miembros, posibilitará la prestación de servicios transfronterizos, modificará la información que se ofrece a los consumidores, independientemente de su lugar de residencia o nacionalidad, y mejorará la supervisión de las empresas.

En la Eurocámara, la nueva norma fue acogida cálidamente tanto por la izquierda como por la derecha, lo que le llevó a McCreevy a considerar muy probable la promulgación del nuevo texto.

Con respecto al antiguo, la polémica Directiva Bolkestein -por el nombre del comisario de Mercado Interior que la promovió-, su sucesor, McCreevy, la consideraba inasumible y condenada al olvido.