Permach ha informado, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián con la asistencia de la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo, de que en los próximos días la formación ilegalizada mantendrá reuniones con los partidos y organizaciones que han "reivindicado" el derecho de la izquierda abertzale "de llevar a cabo su actividad política".

Aunque no ha anunciado una desconvocatoria formal del acto previsto para este domingo en la capital donostiarra, Permach ha dejado claro que no se podrá celebrar porque "lo han prohibido" y ha explicado que la iniciativa que Batasuna pretende llevar a cabo con la ayuda de otros partidos y colectivos no tiene un carácter "urgente en el sentido de dar una respuesta única y exclusivamente al acto".

El dirigente abertzale ha abogado por elaborar en las próximas semanas "una respuesta cualitativamente muy superior" a las ofrecidas hasta ahora para "poder garantizar el derecho" de la izquierda abertzale de "seguir haciendo política". Permach ha responsabilizado de las actuaciones contra Batasuna al PSOE, al que acusó de ejercer un "chantaje y un sabotaje a las posibilidades de abrir un proceso de soluciones" en el País Vasco, una actitud que ha tachado de "inimaginable" hace 15 días, cuando ETA declaró un alto el fuego permanente.

Reconocimiento legal

A su juicio, corresponde al PSOE determinar "cómo acabar con la estrategia de la ilegalización" y no es responsabilidad de Batasuna buscar fórmulas para lograr su reconocimiento legal, como fundar un nuevo partido, ya que, según dijo, el debate "no es sólo cómo responder a la ilegalización" sino cómo "garantizar" los derechos políticos de todos los ciudadanos.

El portavoz de la Mesa Nacional, quien ha resaltado las palabras pronunciadas por el Papa ayer sobre el proceso de paz en el País Vasco, ha anunciado además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite las demandas de Batasuna y Herri Batasuna contra su ilegalización.

Permach ha acusado al PSE y al PNV de "retrasar" la constitución de una mesa de partidos y ha considerado que la puesta en marcha de este instrumento es independiente de las tareas de "verificación" que el Gobierno español está ejerciendo para comprobar la voluntad de ETA de dejar la violencia.