El Inem destina a la formación ocupacional de los trabajadores vascos más dinero de lo que le correspondería por la población ocupada que tiene Euskadi, según aseguró ayer en Bilbao el director general de este organismo -Servicio Público de Empleo (SPE) en su nueva denominación-, Valeriano Baíllo. El responsable de esa entidad participó en unas jornadas organizadas junto con UGT para difundir el nuevo sistema de formación profesional pactado el pasado febrero entre la Administración central, la patronal y los sindicatos.

Durante el presente ejercicio, el Inem destinará 12,2 millones de euros a formación continua en el País Vasco, en el apartado de 'oferta', cifra a la que habrá que sumar la correspondiente a la de 'demanda', que es impartida directamente por las empresas y subvencionada por el organismo de empleo. En 2005, por esta vía, las empresas vascas recibieron 14,11 millones de euros, que permitieron dar formación a más de 51.000 trabajadores de 2.700 compañías, según informó Baíllo. Estas cifras duplican holgadamente las correspondientes a 2004, por lo que el Inem espera que sigan creciendo con fuerza este ejercicio, dado el éxito que está teniendo la labor de difusión de las ayudas entre el empresariado vasco.

El SPE destinará este año, además, 42,6 millones de euros en Euskadi a formación ocupacional de los parados y otros 74,3 millones a acciones de fomento del empleo, suma que no incluye la correspondiente a los incentivos a la contratación, cuya cuantía, muy importante, no se conocerá hasta finales del ejercicio.

Fracaso en la 'pymes'

El nuevo sistema de formación presentado ayer pretende -en palabras de la secretaria confederal de Formación para el Empleo de UGT, Teresa Muñoz- evitar las insuficiencias del vigente en la actualidad, diseñado por el anterior Gobierno del PP, que sólo fue capaz de utilizar en 2005 el 49,3% de los 370 millones de euros disponibles para reciclaje, cifra que en Euskadi subió al 56%. Además, se trata de un sistema que no tiene éxito entre las 'pymes' -precisó-, dado que sólo 42.000 de los 926.000 trabajadores formados pertenecían a empresas de entre 1 y 10 empleados.

Por su parte, el secretario general de UGT de Euskadi, Dámaso Casado, destacó del acuerdo sobre formación el hecho de que fuera fruto del diálogo social y aseguró que su central exigirá que se respete la normativa estatal sobre políticas activas de empleo si el Gobierno vasco asume las competencias. También criticó la situación de Hobetuz -Fundación Vasca para la Formación Continua-, de la que dijo que en los últimos tres años ha sido un «auténtico fracaso», dado que el derecho de veto existente en su seno le ha impedido aprobar la convocatoria de formación para trabajadores. Es una institución que hay que reformar, aseguró.