La jornada de huelga desarrollada ayer en todos los centros de Radio Televisión Española, con un respaldo muy considerable de los trabajadores, refleja las enormes dificultades que van a tener el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los responsables del ente público para imponer un plan de ajuste laboral, cuyo objetivo es el recorte de la plantilla en un 39%; una actuación que sigue siendo necesaria y urgente. De hecho, la deuda acumulada, por un importe superior a los 7.500 millones de euros, la caída progresiva de la audiencia y una dimensión estructural y organizativa fuera de toda lógica de mercado hacen inexcusable una reestructuración basada en la negociación y la racionalidad. Pero lo que es inconcebible es que los damnificados de todo este proceso sean, en última instancia, los espectadores, que son quienes no sólo sufragan con sus impuestos los excesos de un concepto de televisión pública sobredimensionado, sino que resultan perjudicados por una huelga que impone la emisión de contenidos grabados, la suspensión de algunos informativos por la coacción de los trabajadores y hasta la zozobra en la transmisión de un partido de la Liga de Campeones que ha tenido que ser incluido en los servicios mínimos con el aval del Tribunal Supremo. Resulta paradójico que el Gobierno o la Sepi y los sindicatos se aferren y presuman de estar inspirados por una intensa vocación de servicio público, 'última ratio' de RTVE, y sean incapaces de llegar a un acuerdo capaz de garantizar los derechos de los espectadores.

Además, y por muy estimable que sea la voluntad del Ejecutivo en su afán de reestructurar antes de que finalice la legislatura RTVE, no se puede olvidar que continúa pendiente la tarea de plasmar una mayor definición del modelo público de radio y televisión que debe servir de horizonte a la futura televisión publica. En ese sentido, la clarificación de cuestiones tan fundamentales como la exclusión de más endeudamiento, las restricciones en la emisión de publicidad, el papel de RTVE en la cohesión territorial o la definición de los contenidos sometidos al concepto de servicio público deberían servir para introducir la negociación con los sindicatos en la senda de la racionalidad.