El Ministerio del Interior entregó ayer al presidente del Gobierno el primer informe de verificación del alto el fuego declarado por ETA el pasado 22 de marzo y constató la inactividad total de la organización terrorista. El documento reúne los datos que han recopilado Guardia Civil, Policía y Ertzaintza en Euskadi, Navarra y Francia. En ninguno de los tres territorios se han detectado movimientos ni acciones de miembros de la banda.

El Gobierno mantuvo un mutismo total sobre el informe que envió José Antonio Alonso a José Luis Rodríguez Zapatero, el primero de una serie de evaluaciones periódicas que elaborarán las fuerzas de seguridad sobre el alto el fuego permanente para comprobar su autenticidad. El hecho de que este primer documento se haya elaborado 15 días después del anuncio del cese de actividades no quiere decir que vaya a tener una periodicidad quincenal, según explicaron fuentes gubernamentales, sino que cada vez que Interior crea tener información relevante la hará llegar al presidente del Gobierno.

El ministro del Interior explicó que son datos «reservados» cuya elaboración fue encargada por el jefe del Ejecutivo y, en consecuencia, «es él quien tiene que disponer de ellos». El secretario de Comunicación, Fernando Moraleda, mantuvo la misma discreción y señaló que por un «principio elemental de confidencialidad, discrecionalidad y prudencia» no iba a revelar nada. El propio Rodríguez Zapatero se negó a hacer comentario alguno durante la sesión de control en el Congreso.

El Gobierno quiere mantener en secreto el informe y sólo lo dará a conocer al PP en la reunión del Pacto Antiterrorista que se convocará en las próximas semanas. El jefe del Ejecutivo también hará públicos algunos datos en la comparecencia ante el Congreso de la primera semana de junio para pedir el aval para abrir un proceso de paz.

El informe, firmado por la Secretaría de Estado de Seguridad, es un dossier voluminoso, explicaron fuentes gubernamentales, en el que se constata que ETA no ha tenido ningún tipo de actividad en las dos últimas semanas. El documento está construido, sobre todo, en torno a los datos aportados por la Guardia Civil y la Policía, aunque la Ertzaintza aportó un capítulo dedicado a la kale borroka.

Manifestación de Bilbao

La Policía vasca, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista, no ha detectado episodios de violencia callejera en las dos últimas semanas. La Guardia Civil sacó una conclusión similar en el ámbito de Navarra. La Ertzaintza informó asimismo de los detalles de la detención el pasado 27 de marzo de dos supuestos colaboradores del comando de ETA que atentó contra una patrulla de ertzainas en el alto alavés de Herrera en septiembre de 2003.

La participación de la Policía autónoma en la investigación evidencia la mejoría de las relaciones entre la consejería de Interior del Ejecutivo vasco y el Ministerio que dirige Alonso. Una colaboración que recibió el pasado martes un espaldarazo en la reunión que mantuvieron Rodríguez Zapatero y el lehendakari Ibarretxe, en la que se comprometieron a intensificar la coordinación entre las respectivas fuerzas de seguridad.

La manifestación del pasado sábado en Bilbao convocada por el Foro de Debate Nacional, organismo auspiciado por Batasuna, también es objeto de análisis y se subraya que durante la marcha no hubo, a diferencia de otras concentraciones similares en el pasado, consignas ni gritos alusivos a ETA.

El informe en manos de Rodríguez Zapatero señala también, según fuentes de la lucha antiterrorista, que no se han detectado hasta ahora nuevos casos de extorsión económica a empresarios. El documento contiene además un resumen del estado de las investigaciones de las fuerzas de seguridad sobre los últimos atentados de ETA, entre ellos el coche bomba en una discoteca de la localidad navarra de Urdax.

El dossier tiene un apartado explicativo de la metodología aplicada en la verificación del alto el fuego y se detalla la 'hoja de ruta' que seguirán las futuras evaluaciones. No se incluye capítulo alguno de conclusiones, indicaron las fuentes consultadas, porque éstas deben ser extraídas por el presidente del Gobierno y las personas que tengan acceso a la investigación.