La Cadena Cope ha sido expulsada del Estudio General de Medios (EGM), las mediciones de audiencia a las que se somete la mayoría de las radios españolas, por infiltrar a falsos entrevistadores y tratar de manipular los resultados. Así lo ha dispuesto la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), entidad sin ánimo de lucro que sostiene estos análisis y que está integrada por 166 empresas asociadas, la mayoría medios de comunicación y anunciantes. La difusión de la primera oleada del año saldrá a la luz el próximo 25 de abril, en lugar del 18 como estaba prevista.

En su asamblea general extraordinaria, celebrada ayer, la AIMC aprobó por amplia mayoría la expulsión de la Cadena Cope «por las graves infracciones cometidas». Esto significa que los datos de oyentes de esta cadena no se publicarán en el próximo EGM.

Durante la asamblea, tuvo ocasión de explicar su punto de vista el periodista de la Cope José Antonio Abellán, quien infiltró un grupo de entrevistadores entre los profesionales que realizan las encuestas del EGM con el fin, según mantuvo, de demostrar la falta de rigor de este estudio. El comunicador confirmó la maniobra ante los micrófonos de la Cope, pero aseguró que las audiencias infladas en las encuestas eran favorables a otras cadenas. Sin embargo,según concluyó la AIMC, «los datos recogen los aumentos significativos en las audiencias de Abellán en las encuestas manipuladas», como consecuencia de la introducción de falsos entrevistadores del EGM.

La junta directiva de la AIMC informó ayer a sus socios de las medidas que han tomado para depurar el informe de la primera oleada, que saldrá el día 25 de abril, una semana más tarde de lo previsto, con una muestra real de 14.667 entrevistas, lo que supone un tamaño similar al de la muestra del pasado año.

La diputada del Partido Popular Ana Torme advirtió ayer al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de que el Gobierno no conseguirá acallar a los medios de comunicación discrepantes con su política, «por muchos esfuerzos que realice». Torme recriminó al Gobierno los «actos de coacción» perpetrados por militantes de Esquerra Republicana contra la sede de la cadena Cope en Madrid -que «no sólo ha sido un acto legal», dijo, sino que no ha merecido ninguna condena-, y la política de regulación de medios de la Generalitat de Cataluña.

El ministro rechazó estas críticas asegurando que, para el Gobierno, los medios de comunicación son «actores sociales indispensable para una sociedad informada, libre, plural y democrática».