Una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, fechada el 28 de marzo, considera que el auténtico empresario de Babcock España no son los propietarios de las acciones -la multinacional Austrian Energy-, sino el Estado a través de la Sepi. En ella, la Sala de lo Social autoriza a cinco trabajadores de la compañía que presentaron una demanda a que elijan si se quieren quedarse en la empresa o prefieren integrarse directamente en el grupo público.

El fallo judicial considera probado que en Babcock se dan las circunstancias necesarias para considerar que aún forma parte de la Sepi.

Esta sociedad estatal ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo. De momento, sin embargo, ha servido para reforzar la decisión adoptada la pasada semana por la asamblea de trabajadores, que optó por iniciar la presentación de demandas judiciales individuales para exigir su regreso a la Sepi como empleados del sector público.

Lazos con Sepi

Por contra, el texto contiene algunos argumentos que pueden echar por tierra la estrategia más de corto plazo diseñada por los sindicatos para intentar que la Sepi aumente la garantía de pago de salarios a la plantilla -que vence el próximo mes de octubre- o el control efectivo sobre los terrenos de la compañía, que finaliza en enero de 2007. Este tipo de lazos que ha mantenido hasta ahora el Estado con los empleados han sido considerados por los magistrados como una de las pruebas de su alto grado de implicación en la compañía, además de la aportación de varios cientos de millones de euros para el sostenimiento de su caja.

El Tribunal Superior hace referencia a algunos acuerdos firmados por la Sepi con los sindicatos, en los que el Estado se comprometía a que después de la privatización no se producirían nuevas reducciones de plantilla. Un compromiso que, en opinión de la Sala, sólo debería corresponder a los nuevos propietarios, para concluir que cuestiones de este tipo permiten apreciar «que la empresa última citada -Babcock Borsig- no ejerce como tal ni en lo industrial, ni en lo laboral, sino que constituye una apariencia formal, que esconde la gestión íntegra que practica la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que a la vez no ha liquidado, sino que mantiene, la actividad de Babcock Wilcox Española».

La sentencia deja un estrecho margen de actuación a la Sepi en los próximos meses, ya que si asume nuevas concesiones a la plantilla, como reclaman los sindicatos, no haría sino reforzar la tesis defendida por el Tribunal Superior de Justicia sobre su implicación en Babcock.

El Estado es el gestor

En uno de sus fundamentos de derecho, la sentencia estima que es el grupo estatal Sepi el «único propietario de Babcock Borsig España» y que la sociedad que preside Enrique Martínez Robles «no se limita a supervisar el uso de las ayudas económicas que aporta, sino que interviene en la gestión directa de las actividades y de las relaciones laborales, mediante actos propios de un empleador y responsable superior de las empresas codemandadas, a tal punto que en algunas situaciones alguna empresa -en referencia a la actual Babcock, propiedad del grupo austríaco Austrian Energy- desempeña una misión puramente formal, dando la apariencia de ser la parte empleadora».

Por último, otro de los elementos que los magistrados han tenido en cuenta para establecer que existe una unidad de grupo empresarial son los lazos mercantiles que se instrumentaron, aparentemente de forma provisional, entre la antigua Babcock Wilcox y las nueva Babcock Borsig, para abordar la construcción de la central eléctrica de Bahía de Bizkaia.