El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disolverá hoy el Ayuntamiento de Marbella y encargará a la Diputación de Málaga la designación de una comisión gestora con el aval del Consejo de Estado. Esta institución elevó ayer un informe al Ejecutivo central en el que considera que «no procede» la convocatoria de elecciones para constituir de nuevo la Corporación marbellí.

El pasado martes, un Consejo de Ministros extraordinario decidió recabar de su principal órgano consultivo un dictamen ante el galimatías legal generado tras el arresto y encarcelamiento de parte de los miembros del Consistorio de Marbella, entre ellos su alcaldesa, Marisol Yagüe. La Comisión Permanente de la institución que preside Francisco Rubio Llorente se reunió ayer para debatir el asunto. Tras tres horas de intercambio de pareceres, la conclusión fue la misma que sostiene el Gobierno: no hay tiempo material para convocar nuevas elecciones sin vulnerar las leyes.

En su resolución, el Consejo de Estado concluye que los plazos de las distintas fases del proceso electoral son «inalterables» y no pueden ser ampliados ni reducidos porque ello quebraría el principio de seguridad jurídica y «chocaría con la esencia misma» de la celebración de los comicios. Según los tiempos que establece la ley, las elecciones no podrían convocarse antes del próximo 26 de mayo mientras que la cita oficial está prevista para el 27 del mismo mes del año que viene. La nueva Corporación tendría, por tanto, un mandato inferior a un año, por lo que según la Ley de Bases de Régimen Local, no procedería adelantar los comicios.

Con este aval y el preceptivo permiso que el miércoles le dio el Senado, el Consejo de Ministros disolverá en su reunión de hoy el Ayuntamiento marbellí con apoyo en el artículo 61.1 de la citada normativa, que prevé una medida de tal calado en caso de una gestión «gravemente dañosa para los intereses generales». El siguiente paso será encomendar a la Diputación de Málaga la designación de una comisión gestora, cuyos integrantes deberán ser personas empadronadas en Marbella, tener «suficiente arraigo» en la ciudad y no haber sido concejales en la última legislatura.

Socialistas y populares andaluces abrirán este fin de semana negociaciones para pactar todo el proceso, una labor que se prevé complicada ante el vacío legal existente sobre las características que ha de reunir el órgano provisional. Pero, por el momento, ambos partidos han optado por criticarse mutuamente ante sus discrepancias sobre si procede o no adelantar las elecciones.

El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró su satisfacción porque el informe del Consejo de Estado ha demostrado que «el Gobierno tenía razón y el PP no». Por su parte, el secretario general del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, consideró la creación de la gestora como un «fraude a la Democracia».

«Barrer la porquería»

Tras conocer la decisión del Consejo de Estado, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, hizo un llamamiento a todos los partidos para abrir una nueva etapa política en Marbella «sin atajos y con el cumplimiento a rajatabla de la ley». Zarrías destacó que el dictamen «da la razón a la interpretación de los servicios jurídicos» del Gobierno andaluz. «Con la ley en la mano no era posible convocar elecciones anticipadas», insistió. «Tenemos que llegar a los comicios municipales de 2007 con los deberes hechos, porque ese será un momento clave para que los ciudadanos de Marbella elijan una nueva corporación que pueda barrer toda la porquería acumulada».

Izquierda Unida, por su parte, aprovechó la tesitura para defender su participación en la futura comisión gestora y propuso que este órgano impulse una serie de medidas, entre las que destacó la realización de un plan de viabilidad del Consistorio pactado con la Junta de Andalucía y el Gobierno central. También apostó por fomentar la participación ciudadana, «descabezada con la llegada de Jesús Gil a la Alcaldía marbellí».