Desavenencias. La junta directiva de la Cámara de la Propiedad Urbana de Álava y el Gobierno vasco han terminado enfrentados. Dos meses después de que el Gabinete Ibarretxe dictara un decreto para liquidar las tres cámaras vascas, los responsables de la alavesa acusan al Ejecutivo autónomo de «usurpar la totalidad de los recursos» de la entidad.

El banco de datos es, no obstante, el bien más preciado. Es más, la organización presidida por la arquitecta Isabel Martí reclama la propiedad del listado porque «fue elaborado por la asociación a partir de 1994, a raíz de que perdiera la condición de corporación de derecho público». Este censo de asociados es fundamental para asegurar el futuro de la Cámara porque de él depende la posibilidad de girar las cuotas.

Por ello, la primera medida adoptada por la entidad en esta vuelta a los orígenes que supone recuperar el carácter asociativo ha sido dirigirse a la Agencia de Protección de Datos para conocer si pueden o no utilizar el listado. Aunque ya han obtenido una respuesta legal positiva, esperan una resolución por escrito para dirigirse a los más de 50.000 socios registrados para comunicarles la intención de girarles la cuota anual que ronda los cinco euros. «Tenemos el consentimieto de varios miles de personas que han firmado a favor del mantenimiento de la agrupación», señaló ayer Martí.

Local sin barreras

La presidenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Álava aseguró que la entidad ha podido inscribirse con este nombre en el registro vasco de asociaciones.

Resaltó, además, la decisión de iniciar la nueva andadura en otros locales carentes de barreras arquitectónicas y sin esperar a resolver la cuestión del patrimonio. Esta postura ha sido adoptada por la dificultad que entraña coexistir en unas mismas instalaciones con el personal que el Gobierno vasco puso al frente de las oficinas. A partir de ahora, la Cámara seguirá ofertando sus servicios en la calle Nicaragua.