El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha aprobado por mayoría el informe de fiscalización de los fondos públicos aportados a la Fundación Catedral Santa María en el período 1999-2003. Sin embargo, ha ha detectado «incumplimientos legales» en varias contrataciones efectuadas por la entidad y en la selección de algunos trabajadores durante esos ejercicios.

El documento del organismo fiscalizador, referido a los cuatro primeros años del organismo encargado de la restauración del templo gótico, cita tres contrataciones por importe de 0,4 millones de euros que se realizaron «sin publicidad ni concurrencia» y seis contratos por 1,2 millones, adjudicados «sin publicidad».

El estudio del Tribunal apunta también la adjudicación directa de los trabajos de asistencia a la dirección técnica a la empresa que redactó el Plan Director, así como la imposibilidad de determinar si la contratación de los siete empleados que integran la plantilla de la Fundación cumplió «los principios de igualdad, mérito y capacidad».

La entidad se constituyó en mayo de 1999 por el Obispado, la Diputación y el Ayuntamiento, con una dotación patrimonial de 30.000 euros. Entre 1999 y 2003 recibió aportaciones públicas de 9 millones de euros, y tiene comprometidos otros 8, procedentes en su mayoría de esas dos instituciones.

«Gestión excelente»

El análisis del organismo fiscalizador, realizado a petición de las Juntas Generales, indica que esas subvenciones se han otorgado «de acuerdo a la normativa vigente».

Tras conocer el dictamen del Tribunal, el responsable de la Fundación, Gonzalo Arroita, aseguró sentirse orgulloso ya que «reconoce que la gestión de la Fundación es excelente». Asimismo, explicó que «las pequeñas inobservancias» detectadas obedecen de la «complejidad del proceso» tecnológico de los trabajos, que conjugan «investigación y ejecución y exigen contratar trabajos artísticos y científicos muy especiales».

«Nosotros no somos una entidad de Derecho Público y, sin embargo, cumplimos todas las normas de ese derecho», recalcó.