La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) mexicana autorizó ayer la extradición a España de seis presuntos miembros de ETA. Los arrestados fueron detenidos en julio de 2003 dentro de una operación contra las finanzas de la banda

Los once jueces que integran esa corte conocieron el informe favorable a la extradición que presentó un magistrado y desestimaron el amparo presentado por la defensa del grupo de acusados. Los jueces determinaron por 8 votos a favor y 3 en contra que el Tratado de Extradición México -España no viola la Constitución mexicana, tal como alegaba la defensa.

Los seis supuestos etarras son Juan Carlos Artola, Asier Arronategi, María Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano y José María Urquijo. Este último fue confidente del ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Amedo. Los arrestos se produjeron a raíz de una investigación contra las tramas financieras y logística de la banda desarrollada tanto en el país azteca como en España. Las fuerzas de seguridad sospechan además que algunos de los detenidos habían gestionado la compra y envío a España de temporizadores para los artefactos explosivos.

El Gobierno español solicitó la extradición en septiembre de 2003, y el 30 de julio de 2004 la Cancillería mexicana accedió a la petición, pero la defensa presentó un recurso de amparo, finalmente fue desechado por la Suprema Corte. La extradición se aprobó por lo delitos de «asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas».

Fiscalía

Para proceder a la entrega de los seis acusados al Gobierno español, la Cancillería mexicana debe esperar la notificación de la Corte para ponerles a disposición de la Fiscalía, que es la que se encarga de ejecutar las extradiciones, según señaló una fuente oficial.

La abogada defensora de los acusados, Bárbara Zamora, dijo a la prensa que ya no existe otro recurso legal en México para evitar la extradición y explicó que el Gobierno español tiene 60 diáspara hacer el trámite de traslado de los seis presos. Zamora dijo que esos 60 días permiten disponer de «tiempo para llevar el caso a las instancias internacionales».