El caos gramatical y la acracia semántica que se han introducido en el proyecto de Estatuto de autonomía para Cataluña ha sido un empeño bien recompensado. Para empezar, semejante operación de diversión ha servido para agrandar el aro por el que han ido pasando, debidamente alineados y por su orden, todos esos llamados una veces tenores y otras barones que hasta ahora recibían los aplausos del público por su pretendida independencia de criterio y su compromiso con la izquierda igualitaria y cívica que se pregunta por el sentido de asumir las reivindicaciones nacionalistas.

Esa izquierda existe pero no está donde muchos pensaban. Para decepción e inexplicable sorpresa de ese público fiel que, también desde la derecha, tanto ha aplaudido los alivios verbales de Rodríguez Ibarra, la unción patriótico-castrense de Bono y la bonhomía de Vázquez, resulta que son precisamente los supuestos críticos, esos a los que se creía garantes del sentido común y nacional los que han hecho la contribución decisiva para volver creíble la operación de blanqueo del proyecto de Estatuto alumbrado por socialistas y nacionalistas en el Parlamento de Cataluña.

Para ser justos debe reconocerse que el blanqueo no habría sido posible si, previamente, no se hubiera dado la audacia mal empleada del presidente Rodríguez Zapatero y la disposición de Artur Mas a poner en práctica el sabio consejo de los veteranos de la Bolsa que recomiendan dejar que el último duro lo gane otro cuando un valor sube de la manera que lo ha hecho la cotización nacionalista. Esta lógica, que es la misma que desaconseja matar la gallina de los huevos de oro, ha forjado una sólida 'joint venture' en La Moncloa. De momento, ha permitido por uno y otro lado la presentación triunfalista del resultado de la negociación: para el Gobierno y el Partido Socialista, un Estatuto que cumple con el compromiso de Rodríguez Zapatero de dejar el proyecto inicial limpio como una patena en términos de constitucionalidad; para los nacionalistas de CiU la recuperación del protagonismo en la construcción nacional de Cataluña con la expectativa de un influyente papel en la política española cuando la aproximación del calendario electoral consume el cambio de socio catalán del Gobierno.

Sería absurdo reprochar a importantes dirigentes de un partido no rebelarse contra lo que dispone su Gobierno. Lo que sí es reprochable es este juego de apariencias, los adornos retóricos que tanto admiraban a los ingenuos desconocedores de la fuerza de la disciplina partidaria, esos desmarques tan publicitados de los antedichos y de otros tantos que, de militar en otro partido, seguramente ahora habrían recibido de los socialistas la calificación de 'patriotas de hojalata', esa expresión acuñada por el presidente del Gobierno, siempre tan cuidadoso con las formas, para endosárselo al líder de la oposición.

No está mal, de todas formas, que se clarifique el juego. La sucesión de nuevos Estatutos que se avecina y una negociación política como la que se avista en el País Vasco va a ser un proceso, ese sí, largo y difícil, en el que el listón catalán, tan unánimemente elogiado por los socialistas, está llamado a sustituir a cualquier referencia nacional que dote de cohesión al diseño final que tendría que salir de esta revisión del modelo territorial. Los efectos de tanta algarabía ya están empezando a manifestarse. No es sólo que los suevos se puedan convertir en Galicia en los titulares de los derechos históricos que sin duda fundamentarán en el futuro inmediato el autogobierno gallego porque la Constitución parece ya un titulo de escaso abolengo. En Andalucía, los socialistas han hecho caer del proyecto de Estatuto la referencia a la unidad de la nación española como marco del autogobierno para poder definir a la comunidad autónoma como 'realidad nacional' -faltaría más- con la piadosa excusa de atraer al acuerdo a Izquierda Unida y el Partido Andalucista pero con el objetivo real de elaborar un texto que el PP no pueda aceptar y repetir así un nuevo 28-F, para arrojar sobre los populares la tacha de anti-andaluces durante otros veinticinco años, como ocurrió en su momento con UCD. Hay diferencias, desde luego. Nada de café para todos. En Cataluña el Estatuto fija la inversión que el Estado está obligado a hacer en función del Producto Interior Bruto. En Andalucía, la previsión es que la obligación de inversión estatal se establezca en relación con la población.

Volvamos al Estatuto catalán. Si esa es la plantilla que se va a utilizar para escribir la nueva estructura territorial, los renglones saldrán inevitablemente torcidos. El Estatuto catalán no ha sido limpiado. Simplemente se ha procurado darle un baño que como en la bisutería barata pronto desaparecerá con el uso, seguramente intensivo, que los administradores de la nueva norma institucional catalana querrán dar a ese hipertrofiado y un tanto deforme instrumento legal. Sorprende el énfasis con que se afirma la escrupulosa constitucionalidad del texto. Además del reconocimiento de Cataluña como nación mediante una técnica tan conocida como la remisión a un acuerdo del Parlamento catalán al que el preámbulo del Estatuto otorga relevancia jurídica, subsiste la bilateralidad como principio claramente preferente de relación entre el Estado y la Generalidad; se mantiene el blindaje competencial y eleva a rango estatutario la apuesta por el monolingüismo que relega al castellano a lengua de uso administrativo residual. Recursos especiales de protección de derechos propios y específicos de los catalanes, la introducción extravagante del decreto-ley y de los decretos legislativos como instrumentos normativos en manos del Gobierno de la Generalidad o la creación de un no menos extravagante Consejo de Garantías Estatutarias que se erige en colegislador a través de sus dictámenes vinculantes para el Parlamento, no son innovaciones de las que pueda predicarse sin más su adecuación a la Constitución. Los derechos históricos siguen siendo el fundamento extraconstitucional del autogobierno de Cataluña según el nuevo Estatuto, respecto a los cuales la Constitución es sólo el marco; se mantiene la apropiación de competencias estatales que quedan comprometidas en las leyes orgánicas a las que se remite el Estatuto, de modo que cuando dichas competencias sean transferidas quedarán consolidadas en el texto estatutario cuya dinámica expansiva se prolongará después de su entrada en vigor. El titulo dedicado al Poder Judicial en Cataluña somete al órgano de gobierno de este poder constitucional a una territorialización no sólo no prevista sino manifiestamente excluida en la Constitución.

Desde luego habrá que dejar que el Tribunal Constitucional decida sobre lo que muchos entienden que son vicios de inconstitucionalidad que en conjunto definen un modelo de Estado de aluvión con una resultante más confederal que federal y, desde luego, en absoluto autonómica. Si este planteamiento es sólo una invención catastrofista del PP, habrá que reconocer que hay alguno nada próximo a este partido que realiza un diagnóstico en parecidos términos y lo ha explicado con una claridad estimable. En todo caso, sobre lo que no podrá fallar el Tribunal es sobre el acierto de este nuevo Estatuto, sobre su conveniencia para servir los intereses generales, a la convivencia entre españoles como ciudadanos libres e iguales de un Estado que les puede garantizar tal condición. La arbitrariedad semántica que se desparrama en sus 227 artículos puede haber hecho del Estatuto un texto más escurridizo pero no lo ha hecho más constitucional.

Cobran ahora pertinencia muchas de las observaciones que el Consejo de Estado ha realizado en su dictamen sobre posibles reformas constitucionales tras el análisis de los problemas del modelo territorial teniendo en cuenta como éste se ha desarrollado. Tampoco es la de este órgano consultivo del Gobierno una voz interesadamente alarmista cuando expone los problemas y desmenuza las posibles soluciones. Lo que ocurre es que estas soluciones requerirían un marco de acuerdo entre los dos grandes partidos que la izquierda -ahora en el Gobierno- no parece ni siquiera plantearse. Prefiere ganar la partida aunque sea haciéndose trampas en el solitario.