Más que los informes policiales, en los que se constata, según parece, la inactividad absoluta de ETA en todos los frentes, llaman la atención en este incipiente proceso de paz los pronunciamientos que líderes europeos y mundiales han venido haciendo públicos desde el momento en que se declaró el alto el fuego. Fueron, primero, los mandatarios de la Unión Europea, a través de las respectivas presidencias de su Comisión y de su Consejo, y les han seguido, después, personalidades tan relevantes como el Papa Benedicto XVI o el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, para terminar, de momento, con la presidenta del Tribunal Internacional de la Haya. Todos ellos han expresado votos para que el proceso que se ha iniciado llegue a buen puerto, a la vez que solicitado el esfuerzo desinteresado de todos los partidos e instituciones implicados.

Para algunos, estas intervenciones no serían sino producto de la cortesía o de la casualidad. «Pasaban por ahí y no tenían más remedio que pronunciarse en el sentido en que se han pronunciado». Sin embargo, el hecho de que la coincidencia haya sido tanta y de instituciones tan diversas aboga en favor de la intencionalidad. Por otra parte, en ninguna otra de las ocasiones en que procesos del mismo género se habían abierto en nuestro país habíamos escuchado intervenciones semejantes. Resulta, pues, razonable concederles en esta oportunidad la importancia que ellas mismas parecen reclamar.

Dos aspectos merecen la pena de destacarse, a mi entender, en estas múltiples intervenciones. En primer lugar, el hecho mismo de que personalidades tan relevantes se hayan decidido a pronunciarse da a entender que nos encontramos ante un proceso serio y bien preparado. No son éstas gentes que comprometan su palabra en asuntos prendidos con hilvanes. Su intervención supone, por el contrario, una labor de información previa por parte del Gobierno español que ha merecido el crédito de quienes la han recibido.

De otro lado, pronunciamientos como los que estamos comentando contribuyen de manera notable a lo que ha venido en llamarse «blindaje del proceso», es decir, a hacer irreversible lo que, a día de hoy, es todavía un proceso incierto. Quienes lo han abierto con la declaración del alto el fuego permanente saben hoy mejor que ayer que cualquier marcha atrás en el camino supondría una enorme decepción para quienes se han pronunciado públicamente en favor de su culminación, es decir, para los representantes de la comunidad internacional en su conjunto. A ninguno de éstos le cabría duda alguna a la hora de imputar responsabilidades en caso de un eventual fracaso.

Sorprende, por todo esto, que se hayan alzado voces en nuestro país para criticar, como injerencias inadmisibles, las intervenciones de estos dignatarios. Bajo la excusa del tópico argumento de que quieren prevenir a las autoridades españolas sobre la inconveniente intromisión de extraños en asuntos internos del Estado, estas voces críticas pretenden ocultar, con muy poco éxito, por cierto, o bien su acendrado sentimiento de inquina contra el Gobierno, o bien el desconcierto que les ha producido la apertura de un proceso para el que no estaban preparados y cuyo eventual éxito les resulta más temible por sus inciertas consecuencias electorales que deseable por sus seguros beneficios generales. No cabe, en efecto, interpretar como injerencias unilaterales y no deseadas en los asuntos internos de un país las que no son, en principio, sino expresiones de buenos deseos de solidaridad y apoyo para con sus legítimos representantes y para toda su población.

Por de pronto, los acontecimientos parecen estar discurriendo de acuerdo con tales buenos deseos. Las palabras con que la izquierda abertzale ha acatado la última prohibición judicial del acto que pretendía celebrarse en San Sebastián, así como la contención con que ha reaccionado a los recientes encarcelamientos de algunos de sus miembros más significativos, dan a entender que sus líderes son más conscientes que nadie de la seriedad de lo que tienen entre manos.

Sus amagos de resistencia frente a los imperativos de la legalidad no pasan de ser, al menos por el momento, escarceos de quienes saben que, sin dejar que decaiga la moral de sus seguidores, están obligados a atenerse a los compases de unos ritmos y a la lentitud de unos procedimientos que vienen impuestos por la misma complejidad de los hechos. Desde un punto de vista político, a ellos les va en este asunto tanto o más que a los demás.

Lo recomendable sería ahora, por tanto, que quienes no son, de momento, más que espectadores atentos y comprometidos de esta fase del proceso se propusieran como máxima prioridad la de arroparlo. La nueva dirección del PNV, pieza imprescindible de este complejo puzzle, así parece haberlo entendido. Una ulterior garantía de éxito.