El embrión del texto legislativo tiene un nombre muy sonoro (ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes) y unos objetivos magníficos: establecer el «derecho universal» de los ciudadanos a recibir atención cuando no puedan valerse por sí mismos. En España se calcula que hay 1,1 millones de personas dependientes (1,5 en 2020). «Atender este problema permitirá, a la vez, desarrollar nuevas fuentes de empleo, incrementar la ocupación y liberar de la atención a muchos familiares, fundamentalmente mujeres», dijo en noviembre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la medida, de hermoso aspecto, esconde muchos recovecos.

Con el tiempo han ido sabiéndose cosas (es lo que tienen los globos-sonda). Primero se dijo que «los familiares que cuiden a un mayor dependiente podrán cobrar un sueldo» y dispondrán de Seguridad Social. Luego se dejó caer también que el usuario con posibilidades pagará parte de la atención a las personas dependientes (como ya se viene haciendo). Cambio de panorama. Se calcula que el coste anual del Sistema Nacional de Dependencia -lo que se ha dado en llamar el cuarto pilar del Estado de Bienestar- representará el 1% del PIB y se financiará (¿ah, los dineros!) entre el Estado, las comunidades autónomas y los particulares. El Parlamento del País Vasco se sumó rápidamente a la idea y en marzo propuso al Gobierno que ofreciera ayudas económicas a las personas que cuidan a las personas mayores... Pero todo es mucho más complejo. Entran en juego baremos, bienes económicos de las personas dependientes, colectivos de trabajadores que viven el futuro pendientes de un hilo, intereses de entidades que se aprestan a ayudar... pero sólo a aquellos con un patrimonio que respalde semejante inversión. En el País Vasco ni se sabe el número exacto de personas dependientes. Están ahí. Pero suelen ser historias calladas que se esconden detrás de las puertas. Y no solemos querer mirar.