La Diputación alavesa denuncia ante el parlamento su insuficiencia financiera

La diputada de Asuntos Sociales de Álava, Ainhoa Domaica, ha denunciado hoy ante el Parlamento Vasco la insuficiencia financiera de los ejecutivos forales para hacer frente a la gestión de sus competencias en materia social y pidió la revisión de la actual Ley de Aportaciones.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, Domaica también ha reclamado la aprobación de la Ley de Financiación Municipal Vasca, ya que consideró que el Gobierno autónomo no ha afrontado aún los cambios legislativos que garanticen la suficiencia financiera de las administraciones territoriales.

"Esta falta de resolución está propiciando un estrangulamiento económico de los ayuntamientos y de las diputaciones forales, que ven cómo crecen las demandas sociales a un ritmo muy superior al de los recursos asignados", denunció, al tiempo que lamentó que esto se produce "frente a la holgura presupuestaria de la que viene gozando en los últimos años la administración autonómica".

La diputada advirtió de la "paradójica situación" que se produce al incrementarse progresivamente la recaudación, mientras que "cada vez cuesta más trabajo sostener el sistema y hacerlo crecer para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía". Domaica indicó que entre 1999 y 2006, el presupuesto de los tributos concertados de la Diputación Foral de Álava experimentó un crecimiento del 66,4% y el disponible de gasto, derivado de los ingresos tributarios, sólo incrementó el 50,2%.

"Replanteamiento"

Otra de las cuestiones que la diputación considera que debe ser objeto de replanteamiento en la reforma de la Ley de Servicios Sociales es "el uso inadecuado que del concepto Acción Directa ha venido realizando el Gobierno Vasco durante la última década", a través del que denunció que el Ejecutivo "invade" competencias.

La diputada propuso que la Ley de Servicios Sociales, además de clarificar el margen de intervención de la administración autonómica, prevea mecanismos efectivos de consulta previa a las administraciones locales y forales cuando el Ejecutivo pretenda ejercer dicha acción directa de ejecución "en materias no propias".

Domaica también constató la necesidad de regular en la futura ley el espacio sociosanitario y pidió la inclusión en la legislación de la obligatoriedad de establecer cupos de reserva de viviendas sociales a favor de las administraciones forales.