Las negociaciones de la reforma laboral entre Gobierno, patronal y sindicatos comenzaron hace más de un año. Los tres interlocutores consideran inexplicable después de tanto tiempo admitir ante la opinión pública que han sido incapaces de lograr un acuerdo. Algo que deterioraría la imagen dialogante del Ejecutivo y restaría valor al papel que CEOE, ante los empresarios, y CC OO y UGT, ante los trabajadores, desempeñan. En consecuencia, ultiman un pacto, de contenido todavía incierto, que desean suscribir antes del 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo, y que podría completarse con la apertura de otra negociación posterior encaminada a reformar las relaciones laborales en las empresas, en los sectores y en los territorios. El propio vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, admitió el sábado que la reforma laboral será menos ambiciosa que lo planteado inicialmente por el Ejecutivo.

Algunas medidas contempladas para modificar el mercado de trabajo, como el contrato de relevo, están vinculadas a cambios en el sistema público de pensiones (jubilación parcial), cuya negociación comenzó en noviembre de 2005. Por ello, los tres interlocutores consideran conveniente cerrar también, antes del Primero de Mayo, esa mesa de debate.

El objetivo prioritario de la reforma laboral era bajar la temporalidad que afecta a más de tres de cada 10 trabajadores, dos millones en total. España cuenta con la mayor tasa de empleo inestable de la UE. Las tres partes se comprometieron a llevar a cabo esa reducción en esta legislatura, siempre que no frenara la firma de contratos ni restara competitividad a las empresas.

Tras esas premisas llenas de buenas intenciones, enseguida surgieron los intereses de cada negociador. CEOE aprovechó la ocasión para reclamar flexibilizar el despido y abaratar sus indemnizaciones, mientras que el Gobierno presentó una propuesta que no satisfizo a nadie. Para CC OO y UGT era inasumible porque «recortaba los derechos de los trabajadores» y para CEOE, demasiado suave.

Final y futuro

Después de los primeros meses de conversaciones y pasado el típico periodo en el que los implicados se limitan a cruzar críticas y descalificaciones, ha llegado abril, que por consenso marcará el final del diálogo. El Gobierno quiere el acuerdo, más cuando en 1997 el entonces Ejecutivo del PP fue capaz de respaldar una reforma suscrita entre patronal y sindicatos que todavía hoy se considera ejemplar. CEOE, CC OO y UGT también necesitan rentabilizar la negociación y demostrar que su papel institucional tiene sentido para la defensa de sus intereses.

Así las cosas, sobre las mesas de debate está la generalización del contrato de fomento, que conlleva un despido más barato que el ordinario indefinido; mejorar los incentivos al empleo estable; regular las relaciones laborales en las empresas que se dedican a desarrollar actividades y servicios encargados por otras (contratas y subcontratas); rebajar las cotizaciones empresariales del desempleo; o reestructurar las aportaciones y prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, entre otros asuntos.

Si los contactos de última hora desembocan en un acuerdo demasiado ligero que no resuelve problemas estructurales del mercado laboral, Gobierno, empresarios y sindicatos barajan dejar abiertas iniciativas a concretar en otros ámbitos, como una nueva mesa de diálogo para abordar la reforma de la negociación colectiva.