El vicensejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco, Gurutz Larrañaga, ha resuelto sancionar con dos años sin poder competir en Euskadi a catorce remeros de Astillero, así como a su entrenador, José Manuel Francisco, por «incumplimiento de la obligación de someterse a un control antidopaje». Los deportistas deberán hacer frente, además, a una multa de 6.000 euros cada uno, la cuantía mínima tipificada dentro de la Ley del Deporte para los casos catalogados como muy graves.

El peor parado ha sido el preparador gallego de la entidad cántabra ya que el Ejecutivo autónomo le ha impuesto, además, una multa de 15.000 euros por considerar que «con su comportamiento presionó y arengó a los remeros a que se negasen a realizar el control». En realidad, la resolución no hace más que ratificar la propuesta realizada a primeros del pasado mes por la juez instructora del expediente sancionador, Paula Caviedes, a pesar de las alegaciones presentadas por la Sociedad Deportiva de Remo Astillero.

La lista de bogadores de la 'San José XIII' afectados la conforman José Ángel Vázquez, José Antonio Cuero, Fernando Rúa, Luis Pazos, José Antonio Acebal, Iñaki Errasti, Ionel Sorín, Mauricio Monteserín, Enrique López, Vasile Matei, José Carlos González, Enrique Vitoria, Israel Bolado y Roberto Pérez.

La entidad que preside Víctor Sainz de la Maza recibió a primera hora de la tarde de ayer la notificación y los implicados disponen ahora de un plazo de treinta días para presentar un recurso de alzada ante la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Miren Azkarate. Con ello, concluirá la vía administrativa.

Justicia ordinaria

«No tenemos muchas esperanzas de que cambien de decisión pero agotaremos todos los pasos», apuntaron fuentes de la Sociedad Deportiva de Remo Astillero. El club que dirige de la Maza, sin embargo, ya ha mostrado su intención de acudir a la justicia ordinaria para defender sus intereses, una vez superados todas las etapas previas.

Los hechos que acarrearon la apertura del expediente sancionador tuvieron lugar el pasado 24 de septiembre tras la conclusión de la Bandera Telefónica, en Hondarribia. Personal acreditado del Gobierno vasco entre los que se encontraban dos médicos, otros tantos funcionarios y una decena de ertzainas en labores de apoyo, acudieron a la localidad guipuzcoana para realizar el primer control antidopaje en la historia del Ejecutivo vasco que finalmente resultó ser un cuestionario-interrogatorio.

Un total de 23 deportistas que habían solicitado autorizaciones de uso terapéutico con sustancias de uso restringido fueron requeridos para la prueba y los 14 de Astillero reclamaron la presencia de su abogado para responder a las preguntas. El Ejecutivo señala en su resolución que «no restringió el derecho de los deportistas a elegir acompañante y que no se le denegó la entrada en el acto de control a ningún letrado dado que no se presentó durante las diligencias y los miembros de Astillero pudieron estar en todo momento en contacto telefónico con su abogado».