La fiscal del sumario del 11-M estima que hay un tercer islamista entre los autores materiales de los atentados. Olga Sánchez ha presentado un recurso para que el juez Juan del Olmo reforme el auto de procesamiento e incluya al sirio Basel Ghalyoun como uno de los terroristas que colocaron las mochilas bomba en los cuatro trenes.

Si el instructor accediese, el islamista, en prisión preventiva, pasaría de estar sólo acusado de pertenencia a la célula terrorista -castigado con hasta 15 años de cárcel- a ser también presunto autor de 191 asesinatos, 1.755 asesinatos frustrados y cuatro delitos de estragos terroristas, uno por tren. La nueva acusación, que hasta ahora sólo afecta a Jamal Zougam y Abdelmajib Bouchar, le enfrentaría a una condena potencial de más de 30.000 años de cárcel.

Ni la fiscal ni el juez tenían dudas hasta hace pocos meses de que Ghalyoun era uno de los que volaron los cercanías. Un herido en los atentados identificó al sirio, en fotos y vídeos, como una de las personas que viajaba en el tren minutos antes de la explosión. Sin embargo, meses después, el juez realizó una rueda de reconocimiento en la que el testigo dudó a la hora de reafirmar su identificación. La falta de certeza hizo que Del Olmo no se atreviese a procesarle como autor material.

Olga Sánchez no está de acuerdo con su decisión. Considera que el testigo no pudo confirmar la identificación porque el aspecto del imputado había variado de forma notable en la cárcel: se había rapado la cabeza y había engordado varios kilos. Mantiene que, además de la identificación, hay otros indicios que sitúan al sirio en el núcleo duro del comando terrorista.

Sánchez indica que Ghalyoun era uno de los miembros del grupo de radicales que constituyó en Madrid 'Mohamed el Egipcio', uno de los presuntos inductores de los atentados, y destaca que el propio líder terrorista señaló al sirio como uno de los islamistas que colocó las bombas, en una conversación interceptada por la policía italiana. La Policía también sabe que mintió cuando dijo que el 11-M se había levan- tado de la cama a las 10.30 horas, pues desde su teléfono móvil se hicieron al menos cuatro llamadas en las horas previas a los atentados.

Las pistas que le involucran van más allá del 11-M. Las pruebas de ADN demuestran que un gorro de rezo hallado en el 'piso franco' de Leganés era de Ghalyoun. En dicha vivienda, entre cuyos escombros se halló una pistola robada siete años antes a un militar, se refugiaron después de la voladura de los trenes los terroristas. Siete de ellos se suicidaron el 3 de abril de 2004, al verse acorralados por el GEO.

El auto de procesamiento no realiza imputaciones ni sobre los muertos ni sobre los huidos -por carecer de relevancia penal-, pero a la vista de las pruebas, las bombas las pusieron Zougam, Bouchar, quizás Ghalyoun, los siete suicidas y alguno de los cinco huidos, especialmente Dauoud Ouhnane, Mohamed Afallah y Mohamed Belhadj.

El número de implicados directos no se ha podido determinar aún con exactitud, porque los perfiles genéticos de ocho presuntos terroristas, recogidos en los distintos escenarios relacionados con los atentados, no han podido ser identificados hasta el momento.

Determinación y medios

Juan del Olmo destaca que el núcleo duro de la célula no sólo tenía intención de continuar con las matanzas, sino que contaba con dinero para hacerlo. Los terroristas ya lo intentaron el 2 de abril, al paso del AVE Madrid-Sevilla, e hicieron un anuncio público en tal sentido al día siguiente -el mismo día que la Policía les acorraló en Leganés-, mediante un amenazante comunicado enviado al diario 'Abc'.

La Policía realizó un estudio de los bienes en poder de los terroristas y concluyó que el comando tenía «una reserva económica» de entre 1,3 y 1,5 millones de euros, que es el valor de mercado de los 59 kilos de hachís y los 32 kilos de pastillas de éxtasis -125.800 comprimidos- que almacenaban en un piso del madrileño Cerro de los Ángeles. Con 53.205 euros les bastó para financiar la infraestructura necesaria para volar los cuatro trenes.

Por otra parte, Rachid Mohamed Kaddur, uno de los 116 imputados en los atentados y que finalmente no se encuentra entre los 29 procesados por el juez Del Olmo, anunció ayer que estudiará con sus abogados si emprende acciones legales contra el Estado por los cuatro meses que permaneció en la cárcel.