«Llevamos cinco años de lucha contra una imposición y seguiremos. No vamos a tirar la toalla». Davide di Paola, presidente de la junta administrativa de Trespuentes, es un tipo incombustible. Harto de meter recursos administrativos y de llamar a las puertas de la Administración, este italiano que militó en las filas de Izquierda Unida, confía en que la justicia le de la razón algún día y cierre la cantera de Azkorrigana, abierta en 1967 y después de muchos años inactiva, reabierta en 2000 en medio de una intensa polémica.

Ecalsa, la empresa propietaria que nunca ha respondido a los requerimientos de los periodistas, tiene todos los permisos y todas las bendiciones de la Administración, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco para ejercer su actividad extractiva. Pero sigue sin ganarse a los vecinos de Trespuentes.

Contencioso

«Hemos llevado al Gobierno vasco al Contecioso-Administrativo porque declaró la actividad de utilidad pública. Hemos denunciado a la empresa porque creemos que ha entrado en terrenos que no están en el contrato. Llevamos tres años sin cobrar los derechos de explotación como junta administrativa. Tenemos seis denuncias de vecinos a los que se les ha agrietado la casa por los barrenazos. Sufrimos polvo, ruido, el tráfico de camiones por la parte mejor del pueblo. ¿Sigo?», pregunta irónico Di Paola.

A pesar de este panorama que también se reproduce en pueblos como Ullíbarri-Jáuregui, Leorza o Nanclares de la Oca, con el tráfico de camiones pesados procedentes de las explotaciones, para el director foral de de Medio Ambiente, Yagoba Gómez, «Álava está mucho más protegida que Vizcaya o Guipúzcoa del impacto visual de las canteras. A nosotros no nos gustan. Y somos muy rigurosos para que se cumplan las leyes», advierte.