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Jueves, 20 de abril de 2006
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ÁLAVA
CONFLICTO
El TVCP considera que el pleno municipal debió aprobar los cambios en las escuelas infantiles
El Tribunal detectó que en el proceso de promoción interna entre los educadores de julio de 2000 las bases no fueron publicadas en el BOTHA
El TVCP considera que el pleno municipal debió aprobar los cambios en las escuelas infantiles
Varias madres con niños durante una manifestacion contra la reorganización del servicio de escuelas infantiles de Vitoria. /Iosu Onandía
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El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) considera que las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria en las Relaciones de Puestos de Trabajo durante 2004, en relación al programa "Racionalización de los Recursos Humanos de las Escuelas Infantiles ", se aprobaron por la Junta de Gobierno cuando el órgano competente era el pleno municipal.
El TVCP ha realizado, a petición de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento vasco, un informe sobre los programas del Ayuntamiento de Vitoria "Racionalización de los Recursos Humanos de las Escuelas Infantiles aprobado en el año 2000" y "Racionalización de los Recursos Humanos aprobados en el año 2003", que ha sido aprobado por unanimidad de los miembros del pleno del órgano fiscalizador.
El primero de los programas fue aprobado por el pleno municipal el 12 de mayo de 2000, materializando el acuerdo suscrito entre la representación sindical y la delegación del área de Recursos Humanos para homologar al personal educador de las escuelas infantiles , con la categoría de profesor-tutor de la red pública de la Comunidad Autónoma Vasca.
Durante los años 2000 a 2004 se realizaron diferentes acciones tendentes a la reestructuración de la plantilla de las escuelas infantiles , dándose por finalizado el programa en septiembre de 2004, por acuerdo de la Junta de Gobierno, al entender que las circunstancias que motivaron su adopción habían cambiado sustancialmente.
En enero de 2005, el pleno municipal adoptó un nuevo acuerdo sobre un nuevo modelo de escuelas infantiles . En el curso 2005-2006, de los 200 puestos de educadores existentes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 69 se encuentran cubiertos por personal funcionario de carrera.
En este año 2006, se han ofertado 82 de las plazas vacantes, estando actualmente la convocatoria suspendida por la incidencia que pudieran tener resoluciones judiciales recientes en la definición de los puestos de educadores infantiles y en el propio modelo aprobado para las escuelas.
El TVCP concluye en su informe que las modificaciones realizadas en las Relaciones de Puestos de Trabajo en julio de 2004, vigente el Programa, se aprobaron por la Junta de Gobierno cuando el órgano competente era el pleno municipal, estando, además, pendientes de sentencia judicial al haberse recurrido la falta de negociación con el personal.
Incumplimientos
El Tribunal también detectó otro incumplimiento, ya que en julio del año 2000 hubo un proceso de promoción interna entre los educadores de escuela infantil, cuyas bases no fueron publicadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Se incumplió así, dice el Tribunal, la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública.
En sus alegaciones, el Ayuntamiento replica que el principio de publicidad fue plenamente garantizado a través de los medios de publicidad internos (tablón de anuncios, páginas web, etc.), y a través de comunicación personal a todas las personas implicadas y que cumplían los requisitos para participar en dicha convocatoria.
Los otros programas analizados por el órgano fiscalizador son la transformación de los puestos de controladores de contratas en inspectores de contratas del Departamento de Medio Ambiente, el cambio de grupo personal de la unidad de vigilancia de aparcamientos, y la transformación de los puestos de oficiales de un solo oficio y de conductor de ayudante de oficios en oficiales de mantenimiento.
En estos tres programas se llevaron a cabo las oportunas modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo y medidas especiales de Promoción Interna, no habiéndose detectado aspectos que incumplan lo dispuesto en la normativa de Función Pública aplicable.



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