El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, han firmado en Bilbao un principio de acuerdo para la introducción de mejoras en la futura ley, con cuyo contenido están en sintonía Ayuntamientos vascos y Diputaciones Forales -con destacables competencias en Bienestar Social-, según han asegurado.

Tras una inicial posición crítica al anteproyecto normativo, las instituciones vascas han alcanzado un acuerdo después de un proceso de conversaciones "discreto" con el Ministerio de Trabajo, que ha permitido incluir cuestiones que defendían, ha explicado Madrazo. Entre ellas y además de las citadas, se encuentran que la ley alcance a los niños menores de tres años y enfermos mentales y no excluya, por principio, a las personas mayores de 65 años de ninguna de las prestaciones previstas. Además, se contempla que la atención a las personas dependientes pueda exigirse ante la Administración y los jueces.

Los representantes de los Gobiernos vasco y central han mostrado su satisfacción por el acuerdo sobre la futura ley, que, para el ministro, es una norma "revolucionaria" en materia social, con la que se garantizará la asistencia a las personas impedidas "independientemente del lugar donde vivan y de su situación".

La futura Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia afectará en el País Vasco a unas 50.000 personas que se estima no disponen de la autonomía funcional necesaria para realizar los actos de la vida diaria.

El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto normativo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007 tras su previsible aprobación en el Parlamento por "amplia mayoría", según el ministro. Tras el acuerdo de apoyo a la futura ley alcanzado con ERC e IU-ICV y la firma con el gobierno vasco integrado por PNV, EA y EB "en representación del conjunto de instituciones vascas", el ministro consideró que "probablemente será una de las leyes que va a recibir más apoyos desde la restauración de la democracia".

Nueve millones de euros

Antes de su entrada en vigor, Euskadi recibirá de la Administración Central 9 millones de euros para financiar este año programas sociales de atención a personas dependientes. Con esta partida se pretende "corregir" la no inclusión inicial de Euskadi en el fondo para la atención de la dependencia -previo a la puesta en marcha de la ley- debido a la singularidad de su sistema de financiación, indicó el ministro. Para el próximo año, ha adelantado que la cantidad que corresponderá al País Vasco será "mucho mayor". La aportación estimada en 2007 para toda España al amparo de esta ley es de 400 millones de euros.

Según el acuerdo, el proyecto de ley incorporará una disposición adicional de reconocimiento de las peculiaridades del marco normativo vasco en relación al relevante papel de Diputaciones Forales y Ayuntamientos en la atención a la dependencia.

El proyecto contemplará, asimismo, las singularidades en la materia que tienen los consejos insulares de Baleares y los cabildos insulares de Canarias, según el ministro. El acuerdo también incluye un reconocimiento específico del Concierto Económico -regulará la aportación vía descuento del cupo que realizará el Estado a Euskadi en este ámbito- y reconoce las competencias exclusivas del País Vasco en materia de asistencia social y su capacidad para configurar su propio catálogo de servicios y la competencia del Estado para establecer unos criterios mínimos comunes en la atención a la dependencia.

También contempla que el proyecto incluya una referencia al papel de los servicios sociales como "cuarto pilar del sistema de bienestar". Según ha recordado el ministro, la futura ley establece tres niveles de responsabilidad: un contenido mínimo común para todo el Estado que financiará la Administración central; un segundo nivel de servicios cofinanciados por las Comunidades Autónomas a través de convenios con el Estado y un tercero que podrán desarrollar Comunidades y Ayuntamientos con cargo a sus presupuestos.