El intento de Hamás de ofrecer un perfil menos radical tras su llegada al poder en Palestina, con su acercamiento a los países árabes del entorno, ha pinchado en hueso en el caso de Jordania. La decisión del Gobierno de Amán de «posponer indefinidamente» una visita del ministro de Exteriores de la ANP, Mahmud al-Zahar, ha enfurecido al partido radical.

El portavoz oficial jordano, Nasser Judeh, dijo que la medida se tomó después de que las autoridades descubrieran el ingreso en el país de cargamentos de armas y explosivos de contrabando por parte de activistas de Hamás. Amán considera el hallazgo como «una prueba de que el movimiento fundamentalista habla con doble lenguaje al tratar con Jordania», declaró el portavoz oficial.

Estas declaraciones hicieron saltar como un resorte a los responsables de la formación que gobierna en Ramala, que negaron con rotundidad las imputaciones. En un comunicado, Hamás denunció al Ejecutivo jordano por propagar «acusaciones provocativas» que carecen de base contra los fundamentalistas palestinos. «Nuestro objetivo nunca ha sido Jordania u otros países árabes o islámicos, ni del resto del mundo», sino solamente «el enemigo sionista», recogía la nota. Y para ir un poco más lejos, un dirigente de la formación radical declaró que la cancelación de la visita es el resultado de las presiones de Estados Unidos e Israel.

En los últimos años, Amán ha expulsado de su territorio a varios dirigentes de ese grupo, pero desde que el movimiento islamista asumió el Ejecutivo palestino se estaban realizando esfuerzos para superar las diferencias.

Precedente peligroso

Sin embargo, éste no es el único frente que tiene abierto Hamás. Ayer, su dirección decidió apelar al Supremo israelí y ante los organismos internacionales la decisión de Tel Aviv de retirar el permiso de residencia a cuatro de sus dirigentes que viven en el sector ocupado de Jerusalén por no haber condenado el atentado suicida del lunes.

Los afectados son tres diputados y un ministro de la organización fundamentalista que todavía desconocen si eso implicará su deportación desde Jerusalén oriental a la Cisjordania ocupada. Hasta ahora, Israel sólo había aplicado esta medida contra residentes palestinos de todos los territorios ocupados menos la Ciudad Santa.

El ministro de Justicia de la ANP, Ahmed Jaldi, declaró que se utilizarán todos los medios al alcance para revocar la orden, puesto que la considera un «precedente» que Israel podría seguir usando para deportar a más palestinos.

«Si es necesario iremos al Tribunal de La Haya y pediremos a los países árabes e islámicos que exijan a la comunidad internacional que aborte esa decisión», explicó Jaldi, quien añadió que Tel Aviv «no podrá probar que los afectados están implicados en ninguna acción que haya violado la ley».

Guideon Meir, del Ministerio de Exteriores hebreo, afirmó que Hamás está implicada en actos terroristas aunque no ha cometido ninguno desde febrero de 2005. «Existe un motivo para revocar sus derechos de residencia y es el terrorismo. Cualquiera que esté implicado en atentados tiene que asumir las consecuencias», añadió Meir.

Mientras, cuatro diputados árabeisraelíes de la Kneset se reunieron ayer con los dirigentes de Hamás afectados para expresarles su apoyo y solidaridad.