El ex componente de la mesa nacional de Herri Batasuna, José María Olarra, ha asegurado en el macrojuicio que sigue la Audiencia Nacional contra el supuesto entramado social y económico de ETA que su detención en marzo de 2000 tiró por tierra los contactos que el partido de la izquierda abertzale había comenzado a mantener con representantes del PSE. A preguntas de su abogado, Olarra relató cómo a finales de 1999 los dirigentes de HB le nombraron, junto a otros dos compañeros de coalición cuyas identidades no han trascendido, interlocutor para las conversaciones con los socialistas vascos. Según sus palabras ante el tribunal, su cometido era «seguir abriendo vías» de comunicación con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren.

Olarra explicó, entrada ya la noche del martes, que los contactos entre ambas formaciones cesaron tras su arresto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una pena de 15 años de cárcel contra el ex mahikide por integración en banda armada al considerar que forma parte de Xaki, calificado el aparato internacional de ETA. El antiguo dirigente de HB esgrimió la teoría de que con su detención el Gobierno del PP intentó «abortar» cualquier «posibilidad» de entendimiento entre el PSE y la izquierda abertzale. «Los socialistas cerraron entonces esa vía de comunicación. La volvieron a abrir dos años después, con otros interlocutores, hasta llegar al momento en que nos encontramos en la actualidad», aseguró antes de negar que haya mantenido en el pasado cualquier vinculación con la organización terrorista.

Los imputados por la pieza Xaki que ayer fueron interrogados por el tribunal insistieron también en su inocencia y negaron que su labor haya estado relacionada con ETA. José Ramón Anchía, abogado vinculado a Gestoras y al que la Fiscalía le acusa de ser el máximo responsable de la Comisión de Deportados, Mirian Campos, supuesta responsable del aparato de relaciones internacionales de la banda, y Mikel Gotzon Korta explicaron en sus sucesivas comparecencias ante el tribunal cuál era su labor en diferentes organizaciones y descartaron que hayan apoyado a la organización terrorista.

Anchía, para el que se piden 15 años de cárcel, aseguró que se limitaba a dar cobertura jurídica a vascos que residían en el extranjero «por motivos políticos» con el único objetivo de que «pudieran salir del limbo jurídico en el que se encontraban». El fiscal, por su parte, considera que recibía instrucciones directas de la cúpula de ETA que transmitía a los exiliados.