La directora de la guardería privada de Vitoria Primeros Pasos, acusada junto con dos subordinadas suyas de malos tratos continuados a niños de 0 a 3 años durante los cursos 2001, 2002 y 2003, reiteró ayer su inocencia. Insistió además en que el origen de la imputación de la Fiscalía radica en «un conflicto laboral» con la ex cuidadora que propició, en noviembre de 2003, la denuncia de varios padres. Tal como adelantó ayer EL CORREO, el ministerio fiscal sostiene que las encausadas «golpeaban y obligaban a los pequeños a comerse sus propios vómitos», y les reclama penas de tres años de cárcel para cada una de ellas y el mismo periodo de inhabilitación para desempeñar empleos relacionados con «la guarda de menores».

El resto de las partes personadas en la causa -varias familias, la asociación Clara Campoamor y las defensas de las imputadas-, no han presentado todavía escritos de calificación y es probable que no lo hagan hasta los primeros días de mayo, cuando vence el plazo.

Los abogados de la acusación privada y el que ejercita la acción popular en nombre de Clara Campoamor declinaron ayer pronunciarse sobre un asunto cuya instrucción judicial tuvo que reiniciarse en 2005 después de que la Audiencia Provincial de Álava determinase que la juez que inició las diligencias había cometido un «error» procesal.

Fue en noviembre de 2003 cuando un grupo de padres comunicó a la Fiscalía de Menores de Vitoria sus sospechas de que personal del jardín de infancia podía estar maltratando a sus hijos. Una empleada del centro que, según ella, llevaba de baja un mes «por acoso psicológico en el trabajo» les había contado que en la guardería «se gritaba, pegaba y amenazaba» a los niños «de forma sistemática» y que, incluso, se les «tapaba la boca con una bayeta para golpearles sin dejar marcas».

«No hay pruebas»

La trabajadora fue despedida el 1 de diciembre de 2003. Para entonces, ya había grabado varias cintas de audio cuyo contenido fue calificado de «espeluznante» por las familias denunciantes.

La directora de la guardería vitoriana explicó ayer a EL CORREO que despidió a la empleada tras enterarse de que había contactado con los padres para «propagar rumores» de malos tratos y «calumniarnos». Asimismo, apuntó que el centro no ha cerrado «ni un sólo día» desde enero de 2004, cuando este periódico dio a conocer la apertura de la investigación. «Ahora mismo no quedan plazas libres, lo que prueba que nuestro funcionamiento era y es totalmente correcto», agregó.

Por su parte, uno de los abogados defensores aseguró ayer que «no hay ninguna prueba» que sustente las imputaciones de la Fiscalía. «En el caso de que fueran ciertos esos hechos, ¿qué explicación tiene que una señora que trabajó en Primeros Pasos entre 2001 y 2003 tardara casi tres años en denunciarlos?», se preguntó.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco, por su parte, considera que «cumplió con su deber» al investigar la guardería desde diciembre de 2003 a enero de 2004, a instancias del Ayuntamiento de Vitoria. Sus inspectores concluyeron entonces que «la profesionalidad» y la «forma de actuar» de las trabajadoras evidenciaba «un ambiente educativo agradable y adecuado». «Es un centro privado por lo que ahora debe actuar la Justicia», apuntó ayer un portavoz de la consejería.

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