El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó ayer la suspensión cautelar del decreto aprobado el pasado 3 de febrero por el Gobierno, que autoriza la OPA presentada por Gas Natural sobre Endesa, si bien vinculó esta decisión a la presentación de una fianza de 1.000 millones por la compañía que preside Manuel Pizarro, la segunda que se le requiere para lograr el mismo fin. Una mayoría ajustada de magistrados -18 frente a 14- estimó, en una decisión que en principio desautoriza la decisión del Gobierno, que de no haberse decidido dicha paralización se podía haber ocasionado «un perjuicio irreparable» a la primera eléctrica española.

En la práctica, no obstante, la resolución de la Sala Tercera -órgano competente para resolver los pleitos que se presentan contra decisiones del Consejo de Ministros- no supondrá cambio alguno en el proceso de la controvertida OPA, pues ésta ya fue suspendida el pasado 21 de marzo por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. Esa juez, que tramita una demanda de Endesa contra Gas Natural e Iberdrola por un supuesto pacto ilegal para la compra de sus activos, requirió entonces a la eléctrica que depositara una primera fianza de 1.000 millones de euros, que ya ha sido cubierta mediante avales bancarios, con un coste anual superior a los tres millones.

Según las fuentes jurídicas consultadas, puede que ahora no sea necesaria la presentación física de una nueva fianza y baste con una copia de los mismos avales. Esta, al menos, era la opinión mayoritaria en el tribunal, bajo el argumento de que sería en última instancia la justicia la depositaria del dinero en dos pleitos que versan sobre un mismo caso. De no ser aclarada esta cuestión en el auto, habrá que esperar a la resolución del recurso de súplica ante la misma Sala (no cabe otra opción) que la empresa y el abogado del Estado estudian presentar, si bien son conscientes de que difícilmente cambiará el sentido del fallo.

Dudas

Pero antes de mover ficha, tendrán que leer al detalle la resolución del Supremo, que probablemente no les será notificada hasta finales de la semana próxima y que contendrá varios votos particulares de algunos de los magistrados discrepantes con el fallo mayoritario. Según fuentes jurídicas, el principal argumento de la sentencia es que dado que existen, al menos, dudas objetivas sobre la legalidad de la decisión gubernamental, no se descarta ningún pronunciamiento, a favor o en contra. Como la solución final sobre el fondo se demorará más de un año, es necesario evitar o asegurar los posibles daños.

En el caso de Endesa, el perjuicio se evita con la paralización. Para la otra parte afectada -Gas Natural y posibles terceros-, se contempla la citada fianza de 1.000 millones, justo la misma que estima un juzgado mercantil tras analizar con mas detalle los daños económicos que se podrían producir si se obstaculiza la OPA sin fundamento jurídico, cuestión que sólo se resolverá al sentenciar el caso. El mercado, preocupado por esta nueva carga económica para la eléctrica, castigó ayer sus acciones con un recorte del 0,74% (hasta los 26,85 euros) y premió las de Gas Natural con un avance del 1,65% (24,6 euros).

La división de posturas en la Sala Tercera, evidenciada en el día y medio de debates sobre las medidas cautelares del recurso presentado por Endesa, fue destacada por la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, quien dijo que estudiarán «si hay motivos para el recurso». Desde el PP, contrario en su día a la autorización de la OPA, se fue un paso más allá y se pidieron responsabilidades políticas en el Ejecutivo, pese a que la suspensión cautelar no prejuzga la sentencia final respecto al fondo del caso. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, exigió la dimisión del ministro de Industria, José Montilla, y la comparecencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Cámara.