La Sala Tercera del Tribunal Supremo nos sorprendió a todos ayer al decretar la suspensión cautelar de la OPA de Gas Natural y atizarle con ella un sonoro varapalo al Gobierno que la autorizó sin atender a las protestas del Tribunal de la Competencia.

Como la sentencia no ha sido publicada, no podemos adivinar su contenido ni interpretar sus últimas intenciones, pero de momento ya tenemos una vuelta más en la intrincada maraña legal en la que se ha convertido todo el proceso, para alivio de Endesa, disgusto del Gobierno, desesperación de Gas Natural y despiste general de los inversores. Y la división surgida entre los miembros del Alto Tribunal emite un aroma que recuerda peligrosamente al lamentable tufo político que despiden habitualmente los órganos reguladores.

La maraña tiene su hilo conductor procesal en el recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Supremo y en la solicitud de medidas cautelares. Se complementa con otro recurso, ya aceptado, ante el Juzgado de lo Mercantil en Madrid que decretó la paralización de la OPA y con el presentado ante la Audiencia Nacional en contra de la autorización decretada por la Comisión Nacional de la Energía. Y luego se adorna con la apelación a las autoridades europeas que podrán analizar todo a la luz del derecho de la competencia europeo. Todo ello aderezado con unas fianzas de dimensiones cósmicas, cuyos resultados finales pueden ser espectaculares y gravemente lesivas para los sufridos accionistas.

Ante tanto lío solo cabe esperar y ver. Sabiendo, eso sí, que la complejidad beneficia al atacado y perjudica al atacante, que puede quedar atrapado e inmovilizado en la tupida tela de araña tejida a su alrededor. Cuando las OPAS hostiles se complican y se alargan tanto, tienden a fracasar. El pasado está lleno de casos semejantes y, contra todo pronóstico, éste intento de Gas Natural puede pasar a engrosar la larga lista de fracasos. Dada la actitud mostrada por el Gobierno, no sería un mero fracaso mercantil.