La aprobación en comisión del proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía con los votos de PSOE e IU y la oposición del PP y del Partido Andalucista constituye una mala noticia tanto para dicha comunidad autónoma como para la actualización armoniosa del Estado autonómico. La sonora discrepancia en torno a la definición de la comunidad andaluza, definida en la propuesta aprobada como «realidad nacional», ha impedido el debate y el consenso sobre un articulado que emula en muchos aspectos tanto el texto catalán en trámite en las Cortes como la reforma valenciana. Es lógico que el presidente Chaves defienda los intereses de los andaluces argumentando que su comunidad no quiere ser «ni más ni menos que nadie». Pero resulta más cuestionable que la mayoría socialista que gobierna Andalucía se obstine en establecer la comparación también en términos identitarios. Entre otras razones porque de ellos no se desprende beneficio alguno para el bienestar ciudadano o en términos de un autogobierno más adecuado. Cada nacionalidad y cada región es el reflejo de cómo se ven sus habitantes, y así ha de ser reconocida en el plano jurídico. El Estatuto vigente confiere a Andalucía el carácter de nacionalidad como realidad histórica, equiparándola de alguna forma con Euskadi, Cataluña y Galicia. Pero si la necesidad de revisar el contenido de dicho estatuto es, veinticinco años después de su aprobación, una necesidad indiscutible, parece más que aconsejable que las menciones definitorias sean consensuadas y permitan así el acuerdo sobre el conjunto del articulado. Es lo que Andalucía y la España autonómica esperan del PSOE y del PP.