El lehendakari está dispuesto a posponer cualquier negociación política a que el Gobierno verifique la autenticidad del alto el fuego permanente de ETA, tal y como asumió en su reciente entrevista con el presidente Zapatero, pero mantiene tanto su intención de impulsar la constitución de una mesa multipartita a partir de septiembre, como su objetivo de lograr un acuerdo en Euskadi sobre el derecho a decidir y su ejercicio que sea sometido a consulta sin injerencia de Madrid. En un desayuno con periodistas, convocado ayer a la luz del nuevo escenario abierto por el anuncio de cese de la violencia, Juan José Ibarretxe rescató el planteamiento que había apuntado en su discurso de investidura del pasado 22 de junio y concretó hacia dónde pretende dirigirse una vez afianzada la paz: un pacto por «mayoría amplia» y «sin vetos» -eludió utilizar el término transversal- que reconozca la capacidad de decisión del pueblo vasco, establezca cómo se ejecuta y sea refrendado por su ciudadanía, a poder ser en los tres años que restan de legislatura.

Sólo a posteriori, precisó, se explorará un acuerdo con el Estado para determinar de qué manera se habilita la voluntad de Euskadi -el eufemismo de la autodeterminación- en «el ordenamiento jurídico»; pero todos los pasos previos, dejó sentado, corresponden única y exclusivamente a las fuerzas de la comunidad autónoma. «Vamos a decidir el futuro aquí, no en Madrid. Vendrán después los elementos pactados para la incorporación de la decisión a la normativa jurídica. Pero se decide aquí, no se decide en Madrid la suerte del País Vasco», aseveró por activa y por pasiva, sin desvelar qué opina el presidente Zapatero, con el que se entrevistó el pasado 4 de abril en La Moncloa, de sus pretensiones, en un momento en el que el Gobierno del PSOE y la dirección de su propio partido están abogando por distanciar con nitidez la paz de la normalización, aparcando, de momento, las cuestiones políticas más delicadas.

Para los socialistas lo son aún la inclusión en la mesa de la ilegalizada Batasuna y el debate sobre la capacidad de decisión de Euskadi. El jefe del Ejecutivo de Vitoria sitúa esa reivindicación en «el corazón» de la negociación multipartita y del acuerdo que pueda conseguirse para la normalización, sobre la base, incidió, del desarrollo de los derechos históricos reconocidos en la Constitución española. Ibarretxe evidenció, además, que le ha cogido gusto a la expresión utilizada en una reciente visita a Euskadi por el histórico dirigente del PSOE Alfonso Guerra, quien se jactó ante las juventudes socialistas de haberse «cepillado» su plan de libre adhesión a España. El lehendakari lo dijo el domingo en el mitin del PNV en el Aberri Eguna y lo remarcó ayer. Remedando a Guerra, reiteró que él nunca estará «detrás» ni someterá a la consideración de los vascos ningún acuerdo «previamente cepillado por las Cortes», lo que significa, implícitamente, que no aceptará una renegociación con Madrid a imagen y semejanza de lo ocurrido con el Estatuto catalán.

«Alimentar» el diálogo

Aunque volvió a delegar en los partidos «la metodología» de la mesa -procedimiento, contenidos o toma de decisiones-, e insistió en que su «trabajo» será «alimentar» ese diálogo para dotarlo de «garantías» de éxito, de sus palabras y su actitud se desprende que no tiene intención de resignarse a un papel secundario. Hizo hincapié en que una vez que Zapatero acuda al Congreso y se produzca «la verificación ética» del alto el fuego, «habrá desaparecido el obstáculo» para «la verificación democrática» -un acuerdo sobre el respeto al derecho de decisión- y se abre la vía para promover la mesa «después del verano». Ibarretxe, que remontó el conflicto sobre el encaje de Euskadi en España a 167 años atrás, negó que el proceso que propugna suponga recuperar para el debate el proyecto de nuevo Estatuto.

El plan, que fue rechazado hace un año por el Congreso, constituye un texto «normativo» y un «patrimonio institucional». Lo que él plantea, incidió, es la búsqueda de un acuerdo «político» en esa futura mesa de partidos sobre el derecho a decidir que sea ratificado luego por la sociedad vasca. Ibarretxe especificó en su investidura que, en ese escenario y sin violencia, pediría autorización al Parlamento vasco para organizar la consulta popular, una iniciativa si validez jurídica y distinta del referéndum, cuya convocatoria es competencia exclusiva del Estado.

Este planteamiento está asumido por el PNV en su documento sobre paz y normalización, aunque la dirección jeltzale aboga por un pacto superior al del actual marco político y ha identificado el proceso con un nuevo Estatuto. Ayer, Ibarretxe abogó por «mayorías amplias, acuerdos integradores» y «sin capacidad de veto de nadie», en clara alusión al PSE. Sí precisó luego que es precisó incluir a «todas las sensibilidades» y confió en acabar atrayendo al diálogo al PP pese a reiterar que ningún partido es imprescindible.

El lehendakari vino a avalar también la reivindicación de la territorialidad al subrayar que Navarra será lo que determinen sus ciudadanos e ironizó «sobre el miedo escénico» del presidente Miguel Sanz y de Mariano Rajoy. Junto a ello, recordó que ya hubo un órgano de coordinación con la comunidad foral que se fue al traste por el «cepillaje histórico» del Senado.