Dos de los concejales del PSE-EE en las localidades guipuzcoanas de Zumarraga y Urretxu, Ricardo Lozano y Félix Toral respectivamente, aseguraron ayer no haberse sentido amenazados cuando en 2004 recibieron sendas cartas firmadas por el entorno de ETA porque, según explicaron en el juicio que se inició ayer en la Audiencia Nacional contra la supuesta autora de las misivas, identificada con las iniciales M. P., no las atribuyeron a la banda terrorista, sino a «una broma de un grupo de gente joven que anda por ahí».

Ambos ediles restaron trascendencia a las cartas que llegaron a sus domicilios -una tercera fue remitida a la sede del partido en Zumarraga- y sostuvieron ante un sorprendido fiscal no haberse sentido amedrentados en ningún momento porque, según recalcó Toral, no creyeron «que fuera de verdad». Las misivas, entre otras cuestiones, acusaban a los dos representantes municipales de formar parte de un partido que apuesta «por alargar el conflicto», y les achacaba ser «responsables» directos de la situación del País Vasco. «Debes asumir esa responsabilidad con todas las consecuencias que pueda acarrear para ti y tu entorno, pues así lo has decidido», proseguía el escrito.

Contradicciones

La declaración de los dos ediles difirió bastante del relato que ofrecieron los siguientes testigo. El representante legal del PSE en Guipúzcoa, Miguel Ángel Morales, reconoció que sus compañeros de partido le remitieron la carta recibida en la casa del pueblo y aseguró que a los responsables de la agrupación les había preocupado su contenido porque, según señaló, «una carta de este tipo siempre crea preocupación».

Más contundente fue el ertzaina que atendió a Lozano, Toral y Morales en la comisaría. El agente de la Policía autónoma explicó que los tres acudieron «a recibir asesoramiento» y no presentaron denuncia, aunque «su estado era de nerviosismo». «Los tres relacionaron el envío con el entramado terrorista de ETA», añadió.

El fiscal del caso, Ignacio Gordillo, reclama para la supuesta autora de los envíos, vecina de Ricardo Lozano, 5 años y 3 meses de cárcel por tres delitos de amenazas terroristas. El Ministerio Público apoya su acusación en la investigación efectuada por la Ertzaintza que relaciona restos de ADN encontrados en las cartas con los de varias colillas de tabaco rubio tiradas a la calle por M.P. desde su automóvil. La defensa, pide la absolución al entender que no hay pruebas y recalca que la acusada fuma tabaco negro.