Los principales grupos de la oposición hicieron valer ayer de nuevo su mayoría en las Juntas Generales de Álava para sacar adelante una propuesta en la que piden al Gobierno central que cierre la central nuclear de Santa María de Garoña, pero además le instan a que rehúse prorrogar la vida útil de la planta más allá del año 2009. El PP -que gobierna en minoría- y el Grupo Mixto (ex Unidad Alavesa) quedaron al margen del consenso.

No es la primera vez que la Cámara alavesa se pronuncia en estos últimos años a favor de la clausura de la central burgalesa, ubicada junto a Miranda de Ebro, a sólo 50 kilómetros de Vitoria. La novedad radica ahora en que las Juntas rechazan de manera «contundente y rotunda» la posibilidad de alargar una vez más el funcionamiento de la central, la segunda más antigua de España. La empresa gestora, Nuclenor, ya ha presentado al Gabinete Zapatero un informe con argumentos para mantener en activo la planta hasta 2019.

PNV, PSE, EB y EA lograron ayer un acuerdo de principios sobre esta cuestión. Así, consensuaron un texto en el que las Juntas instan al Ministerio de Industria a «continuar con el plan de cierre» de las centrales nucleares más antiguas de España. En concreto, plantean al Ejecutivo central que después de que Zorita (Guadalajara) eche la persiana el próximo domingo, la siguiente central en desmantelarse sea Garoña.

Para llegar a un acuerdo, formaciones como PNV, EB o EA renunciaron a su empeño inicial de «poner fecha» a la clausura de la central burgalesa. Eso sí, insistieron en rechazar de forma tajante cualquier prórroga de funcionamiento más allá de 2009.

Compromisos de todos

Los socialistas, por su parte, pusieron énfasis en conseguir articular compromisos de todas las administraciones implicadas. Por eso, además de dirigirse al Gobierno Zapatero, pidieron al Ejecutivo y al Parlamento vascos que propicien que en la tramitación del plan energético autonómico se facilite la «intervención interinstitucional» para afrontar el reto de la suficiencia energética y la implantación de energías renovables.

Tampoco quedó al margen la Diputación alavesa, a la que llovieron las críticas por anteriores incumplimientos a la hora de ejecutar acuerdos de la Cámara alavesa relacionados con la exigencia del cierre de la central. Es más, la oposición volvió a instar al Gabinete Rabanera a que presente un plan socio-económico alternativo para la comarca afectada por el hipotético cierre de la planta nuclear..

El PP, por contra, defendió las ventajas de la energía nuclear y criticó la «alarma social» que generan los diferentes colectivos con «injustificadas» alusiones a la falta de seguridad de la central.