El debate de estos días en el Senado sobre la reforma de Ley de Propiedad Intelectal es más que interesante. Sobre todo, en lo que se refiere a la posibilidad de extender el llamado canon digital al ADSL y al disco duro de los ordenadores. Una remuneración compensatoria para prevenir las copias piratas, en otras palabras, que encarecería el precio de la alta velocidad, de los ordenadores y de los MP3. Obviamente, los artistas y las entidades de gestión de los derechos de autor tienen parte de razón en su apoyo a la inclusión del canon, ya que en España no sólo se han bajado de la Red en el año 2004 más de 240 millones de archivos sin pagar derechos, sino que además los españoles han comprado en los 'top manta' durante el mismo periodo más de 16 millones de discos ilegales. Algo terrible que afecta a la industria musical y a las multinacionales discográficas, pero mucho más a unos creadores y a unos artistas que ven reducidos sus ingresos por culpa de una costumbre social que no respeta los derechos de autor.

Como es natural, los consumidores y los fabricantes de equipos informáticos también tienen su razón para oponerse, puesto que si por un lado la aceptación del canon implica la presunción de que todos los usuarios realizan copias ilegales, por otro no parece racional encarecer unos productos que propician la difusión de la sociedad de la información. Unas y otras razones son válidas para debatir un problema real, cuya gravedad sería menor si la sociedad tomara conciencia y si la eficiencia de los sistemas tecnológicos anticopia fuera total.