Tras más de diez años de desencuentros políticos y económicos, las administraciones central y autonómica firmaron ayer en Madrid el Convenio y la Encomienda de Gestión que permitirán acometer de inmediato la construcción de la infraestructura más ambiciosa que ha conocido el País Vasco. Se trata, por tanto, de un acontecimiento que ha de ser valorado en toda su importancia. La situación de práctica incomunicación ferroviaria que se daba entre las tres capitales de nuestra comunidad autónoma se había hecho ya insostenible, tanto desde el punto de vista del transporte de viajeros como de mercancías, y no respondía en absoluto a las exigencias que plantean una sociedad y una economía tan interrelacionadas como las vascas.
Resulta asimismo plausible, tanto desde el punto de vista económico como político, el uso que se ha hecho, por primera vez en la historia, de la Disposición Adicional cuarta de la Ley del Concierto Económico, por la que se faculta al Estado y a la comunidad autónoma a la financiación conjunta de inversiones que, por su valor estratégico e interés general, hagan recomendable dicha financiación. Se crea así un precedente de hecho que ha de considerarse del todo razonable en tanto en cuanto evita el riesgo de estanqueidad recíproca y refuerza, en cambio, la imprescindible cooperación entre ambos sistemas financieros y entre las sociedades en las que aquéllos se aplican. Se rompe un tabú que, además de propiciar la ineficiencia, creaba una equívoca imagen de falsa autarquía.
En este mismo sentido, el acuerdo sobre financiación conjunta deberá ser completado por otro en el que se contemple la inmediata inserción de la nueva red ferroviaria vasca en la más general de la Península y del continente. La 'Y' vasca sólo podrá desarrollar toda su efectividad cuando se conecte, en las mismas condiciones de velocidad y confort, con la proyectada línea norte-sur entre Madrid y París, así como con la que habría de abrirse hacia el Mediterráneo. En una economía tan volcada al exterior como la vasca, apenas tendría sentido una red ferroviaria encerrada en los estrechos límites de su territorio.
La gestión de la obra que comenzará a ejecutarse no será del todo pacífica. Afecta a intereses particulares y grupales, y tiene un notable impacto medioambiental en nuestra ya castigada geografía. Los dos gobiernos implicados, pero, de manera especial, el vasco, deberán esmerarse, no sólo en minimizar los eventuales perjuicios e impactos objetivos, sino también en gestionar con acierto los conflictos de todo tipo a los que aquéllos darán pie. Les serán imprescindibles para ello tanto la colaboración municipal como una eficaz política de comunicación. Toda la población deberá entender que en este proyecto está en juego el interés general de la comunidad entera.