Los rostros de los firmantes revelaban que el acuerdo de ayer era algo más que la firma de un convenio de colaboración entre instituciones. Después de casi veinte años de estudios escritos en papel mojado y reproches políticos en ambos sentidos, la línea ferroviaria de alta velocidad del País Vasco recibió el espaldarazo definitivo al obtener el Ejecutivo autónomo el plácet del Ministerio de Fomento para dirigir y ejecutar los proyectos del ramal guipuzcoano comprendido entre Bergara e Irún, unos 90 kilómetros. El objetivo es sacar a concurso las obras de los primeros tramos antes de final de año. El Gobierno central, por su parte, actuará según lo previsto: la construcción de los ramales vizcaíno y alavés, bastante más avanzados.

El acto se celebró a mediodía en la sede ministerial. Además de la titular del ramo, Magdalena Álvarez, y la consejera vasca de Transportes e Infraestructuras, Nuria López de Guereñu, estamparon su firma el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio González, la subsecretaria de Economía, Juana María Lázaro, y la consejera de Hacienda y vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia.

La otra gran novedad se halla en lo económico. Por primera vez desde la vigencia del Concierto Económico, se hará efectiva la disposición adicional cuarta del mismo, que permite al Ejecutivo autónomo financiar una obra de competencia estatal con cargo a sus presupuestos, una cuantía que se detraerá del Cupo con cadencia anual.

El montante de la operación no es baladí. Sin contar el acceso a las tres capitales y la conexión de Irún con Francia, la cifra supera los 4.100 millones de euros, algo así como la mitad del presupuesto anual del Gobierno vasco o, tal y como señaló en su día el portavoz peneuvista Íñigo Urkullu, «el coste de construir 35 museos Guggenheim». De ellos, 1.642 los aportará Euskadi.

2010 en el horizonte

Sobre lo que no cabe duda es que la 'Y' es el proyecto de mayor envergadura realizado jamás en el País Vasco. Si los plazos más optimistas se cumplen, será operativo en 2010, fecha marcada por la Unión Europea para la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en líneas de altas prestaciones. «No hay que olvidar que la 'Y' ha sido considerada un proyecto prioritario en Europa», agregó López de Guereñu en una comparecencia posterior con los medios y en la que también intervino Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras.

El 'numero dos' de Fomento se mostró «muy satisfecho» por un acuerdo culminado, recalcó, por la «perfecta colaboración» existentes entre ambos Gobiernos. Respecto a las obras en los ramales vizcaíno y alavés, reiteró su compromiso de sacar a concurso todos los tramos «en el menor tiempo posible». De hecho, el 31 de marzo, Adif adjudicó por 34 millones el primer contrato de obras de la 'Y', de 5,2 kilómetros y comprendido entre Arrazua y Legutiano, en Álava.

El acceso a las capitales es tema aparte. Una comisión interinstitucional integrada por estos dos entes, más los Ayuntamientos y Diputaciones implicadas, seleccionará la mejor de las alternativas. Aunque el proyecto estará supervisado en todo momento por una comisión técnica integrada por tres representantes de cada Ejecutivo, Fomento acometerá los accesos a Bilbao, Vitoria e Irún, mientras que Transportes hará lo propio en San Sebastián. Lo que sí dejaron claro tanto Morlán como López de Guereñu es que su ubicación definitiva aún no está definida, sobre todo en las capitales vizcaína y guipuzcoana. «No hay que precipitarse. Debemos analizar su impacto urbanístico», matizó Morlán.

El discurso de la consejera, por su parte, fluctuó entre dos ideas. Una, que el proyecto es «vital» para el desarrollo de Euskadi y la «calidad de vida» de sus habitantes; y dos, que todos los ciudadanos deben hacer de este proyecto «algo suyo», con el propósito de que se impliquen y se minoricen las afecciones, «tanto paisajísticas como las del día a día».

A este respecto, el acuerdo prevé la creación de una oficina que coordine todas las quejas y sugerencias sobre las expropiaciones. Bajo la supervisión de Fomento, el Gobierno vasco llevará la voz cantante en los tres territorios. Eso sí, sólo en la gestión, ya que la última palabra la tendrá Adif.