El Ayuntamiento de Arteaga aprobó ayer en pleno, por unanimidad de todos sus concejales, el derribo parcial del chalé que el ex lehendakari José Antonio Ardanza posee en el barrio de Kanala, en pleno corazón de Urdaibai. La decisión del Consistorio, gobernado en mayoría por el PNV, se produce sólo unas semanas antes de que prescribiera el plazo legalmente establecido para que las irregularidades detectadas hace casi cuatro años pudieran ser corregidas y los presuntos infractores, sancionados.

La sesión plenaria de ayer cerró un largo capítulo de la historia del chalé del ex máximo responsable del Gobierno vasco. Una polémica que se desató en mayo de 2002, cuando inspectores del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai comprobaron que la vivienda evidenciaba un exceso de superficie y altura construida, así como también se percataron de la existencia de una piscina prohibida, entre otros desvíos de la licencia de obra original concedida.

El acuerdo de la Corporación conlleva que el ex dirigente del PNV deberá, entre otras acciones, demoler la citada pileta, así como rebajar la cota del tejado en aproximadamente 40 centímetros. Otros elementos constructivos, como el altillo y una parte de la terraza también tendrán que ser ampliamente reformados. Por último, se da orden para que se corrija el exceso de superficie construida y los usos de algunas zonas del chalé. Todas estas obras correrán a cargo del bolsillo del propio infractor, que deberá presentar un proyecto pormenorizado de los trabajos, según recoge el pacto plenario adoptado.

«Paso muy importante»

Pese a que el paso dado ayer por el Ayuntamiento es «muy importante», señalaron fuentes ecologistas, la batalla para restaurar la legalidad vigente aún no ha concluido, advirtieron. Y es que, una vez que la resolución administrativa sea firme -cabe todavía un último recurso ante el Consistorio-, Ardanza podrá acudir a la vía judicial para tratar de evitar el derribo parcial de su vivienda. Este proceso podría demorarse varios años más en los tribunales, complicando el largo camino recorrido hasta la fecha.

Por otro lado, el pleno aprobó ayer nombrar nuevo instructor y secretario del caso, que ha despertado gran expectación en la comarca y ha multiplicado el trabajo administrativo de los funcionarios municipales. «Una vez que damos carpetazo al expediente para restaurar la legalidad, abrimos ahora el proceso sancionador. Creemos que es conveniente hacer ajustes por razones de funcionamiento interno del Consistorio», justificó la alcaldesa, Arantza Madariaga. Esta segunda parte del proceso deberá cerrarse antes de seis meses, como así estipula la ley, y podría desembocar en una multa económica contra el arquitecto, la empresa constructora y el propio Ardanza.

Por último, cabe destacar que con esta última decisión el Ayuntamiento de Arteaga se involucra de lleno en el caso. Todo ello después de que durante los últimos tres años y medio el Consistorio haya defendido a capa y espada que carecía de competencias para actuar contra la casa del ex máximo responsable del Gobierno vasco. Sin embargo, una sentencia judicial del pasado mes de noviembre obligó finalmente a la institución gobernada por Madariaga a ceder y tomar cartas en el asunto.