La celebración del 1 de Mayo permitió ayer constatar tanto la coincidente preocupación sindical sobre los problemas de temporalidad y precariedad que afectan al empleo en España como las grandes diferencias que separan en Euskadi a UGT y CC OO respecto a ELA y respecto a LAB. La próxima firma del acuerdo sobre la reforma laboral, negociada por UGT, CC OO, CEOE y CEPYME en torno a la propuesta avanzada por el Gobierno, atemperó el tono reivindicativo de ambas centrales sindicales, al tiempo que resalta el diferente clima en que se dan las relaciones entre sindicatos, patronal y Administración en el País Vasco en comparación al conjunto de España. La crisis que atraviesa el Consejo de Relaciones Laborales y la carencia de un diálogo social formalizado de ámbito autonómico representan, junto a la división sindical, ejemplos palpables de un diferencial que perjudica a la sociedad y a la economía vasca.

La evolución del marco regulador del mercado de trabajo y el futuro de las pensiones en España constituyen dos de las referencias fundamentales de la cohesión social y del crecimiento económico. El incremento de la productividad del factor trabajo y la estabilidad de éste -superando el habitual encadenamiento de contratos temporales- son, junto a la integración legal y social de los trabajadores inmigrantes, prioridades que interesan al bienestar de todos los españoles. Contribuirán a la estabilización del consumo y al acceso de los más jóvenes a una vida más autónoma. Además, el mensaje de los líderes sindicales volvió ayer a hacer hincapié en una demanda de justicia: que el desempeño de ningún trabajo suponga un riesgo cierto para la vida o para la integridad física de ningún trabajador.

El incremento de las tasas de empleo ha contribuido a ampliar las perspectivas del bienestar social y los propios criterios de igualdad. Los sindicatos, que en los momentos de crisis económica de los 70 y los 80 orientaron sus pasos hacia la defensa de los intereses de los trabajadores con trabajo, han extendido su discurso hacia la integración laboral de los jóvenes, la igualdad entre hombres y mujeres, la responsabilidad pública respecto a las personas dependientes o el acceso a la vivienda. Es conveniente recordar que el primer cometido sindical se refiere a la negociación de las condiciones en las que se contrata y desarrolla el trabajo. Pero su responsabilidad no termina ahí, sino que ha de hacerse cargo del impacto que sus demandas tienen sobre toda la sociedad y su economía. En cualquier caso, sería un anacronismo concebir el conjunto de beneficios y derechos sociales que puedan consagrarse en un determinado país al empuje o a la representación de los intereses de la clase trabajadora. En este sentido, la participación de CC OO y UGT en el acuerdo sobre la reforma laboral constituye un acto de responsabilidad que beneficiará a los trabajadores en la misma medida en que beneficie a la sociedad en general y contribuya a la buena marcha de la economía.

Pero la «unidad de acción» practicada por UGT y CC OO, que hoy puede mostrarse dispuesta a que se favorezca la contratación estable frente a «los abusos de la temporalidad» aunque sea a cambio del abaratamiento del despido y la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, será tanto más eficaz y responsable cuanto más abiertamente reconozca que es en el ámbito de cada empresa donde se dirime la productividad del empleo y su futuro. De la misma manera que el avance tecnológico y las nuevas formas de organización de la producción en una sociedad libre invitan a contemplar condiciones individuales de contratación.

CC OO y UGT eligieron para el 1 de Mayo el lema «Por la paz. Empleo estable e igualdad». Pero la desaparición de la violencia en Euskadi y la subsiguiente normalización deberían conducir también a la homologación de las estrategias sindicales. La autonomía sindical ha sido un objetivo largamente defendido en el seno de las centrales frente a la pretensión de determinados partidos de convertirlas en meras correas de transmisión de sus objetivos políticos. Por eso mismo sería deplorable que desde el ámbito sindical vasco, desde ELA y LAB, se volviera -como ocurrió en los preparativos de la estrategia de Estella- a tratar de fijar la agenda política derivada del alto el fuego o incluso las condiciones que a su entender harían de la paz un bien estimable. Durante décadas, la perpetuación del terrorismo ha generado un ambiente coactivo del que no han podido librarse las relaciones laborales en numerosas empresas. Es probable que la sociedad vasca, la patronal y los sindicatos puedan pasar esas negras páginas de nuestra historia. Pero por eso mismo resulta necesario evitar que sean sustituidas por otras páginas en las que el poder sindical legitimado en el ámbito de las relaciones laborales acabe proyectándose hacia ese otro ámbito, propio de la democracia parlamentaria, en el que a través de la representatividad obtenida en las urnas serán los partidos y las instituciones los que habrán de dibujar, mediante acuerdos, el horizonte de nuestro autogobierno.