El Parlamento vasco celebrará antes de verano, a menos que se trunque la disposición mostrada hasta ahora por los grupos de la Cámara, un pleno monográfico sobre la problemática de las víctimas de ETA que coincidirá con el arranque del incipiente proceso de paz. La iniciativa es compartida por las fuerzas del Gobierno y de la oposición no nacionalista, lo que, según las fuentes parlamentarias consultadas, garantiza la convocataria de la sesión, a la espera de que se determine su fecha y el contenido del debate. Las distintas formaciones buscan labrar un nuevo consenso sobre los afectados por la violencia terrorista, que permita atenuar las divergencias en una cuestión tan sensible y dar un impulso firme a las medidas de amparo aprobadas por la Cámara de Vitoria en 2003 y 2005, parte de las cuales están pendientes de ejecutar por el Gobierno y el propio Legislativo y que se han visto lastradas por la falta de unidad. La celebración de un pleno anual específico es una de ellas.

El distinto enfoque que proyectan los partidos sobre la situación de las víctimas de la violencia y la persistencia en paralelo de otras reivindicaciones como el fin de la dispersión de los presos de ETA han dificultado sobremanera la búsqueda de un consenso sólido sobre los damnificados, que han echado en falta un discurso institucional en Euskadi comprometido con sus exigencias de memoria y justicia. Lo más parecido a la unanimidad fue el acuerdo refrendado por todos los grupos parlamentarios, salvo el de la ilegalizada Batasuna, el 25 de junio de 2003, que avalaba un ambicioso y amplio paquete de iniciativas de reconocimiento y asistencia a los afectados elaborada por la ponencia específica existente en la comisión de Derechos Humanos y con la anuencia de la directora de la Oficina de Víctimas del Ejecutivo, Maixabel Lasa. Pero el entendimiento no perduró. El Legislativo aprobó de nuevo las medidas de amparo el 18 de febrero del año pasado, pero esta vez sólo con los votos del tripartito. El PSE y el PP se abstuvieron.

La celebración de un pleno monográfico en lo que resta de período de sesiones -por lo tanto, en junio como muy tarde- reflejaría la voluntad de unos y de otros de acercar posiciones e ir cumpliendo las propuestas pendientes; entre ellas, la redacción de una Ley de Solidaridad propia, la extensión de los gestos de apoyo pueblo a pueblo o la colocación de un monolito en la sede del Parlamento en recuerdo de quienes han soportado directamente la violencia. En sus aportaciones más recientes a los trabajos de la ponencia de víctimas, el PNV y el PSE coincidieron en urgir la convocatoria de una sesión específica, una propuesta que comparten los socios del Gobierno y el PP.

Calendario

En la reunión mantenida por la ponencia la semana pasada, su presidente, el peneuvista Íñigo Urkullu, planteó la conveniencia de reunirse con la responsable de la Cámara, Izaskun Bilbao, para revisar el calendario y estudiar posibles fechas de cara a ese debate monográfico. «Está previsto y nadie cuestiona que se convoque antes de verano», constata el dirigente de EA Rafael Larreina, quien defiende la búsqueda de acuerdos que sirvan para ir cerrando «heridas» y en los que «no se mezcle» la problemática de las víctimas y otras situaciones. Al margen de certificar el apoyo de su formación, el popular Leopoldo Barreda sí exige que el pleno «vaya acompañado de compromisos» concretos.

Los socialistas vascos también creen que el Gobierno debe ponerse «manos a la obra» y ejecutar con decisión los acuerdos ratificados hasta la fecha por el Parlamento. Esas medidas están recogidas, como promesas institucionales y con un lenguaje sin ambigüedades, en el 'Plan de paz y convivencia' que hoy aprobará formalmente el Ejecutivo de Ibarretxe y cuyo desarrollo quedará en manos de la Cámara.

l.perez@diario-elcorreo.com