La juntera del PNV María Jesús Aguirre acusó ayer al Gabinete Rabanera de «desatender las necesidades de las personas más desprotegidas» de la provincia. La procuradora reaccionó así al enterarse de que la partida de 60.000 euros que las Juntas Generales de Álava obligaron el pasado año a destinar a ayudas para personas con patologías múltiples está intacta. Este fondo, explicó Aguirre, estaba destinado a cubrir las necesidades básicas, entre ellas la de la vivienda, de los cerca de 130 alaveses con enfermedades mentales y otros problemas, como la adicción al alcohol o las drogas, que buscan ayuda tutelada. Entre ellos, algunos internos del Hospital Psiquiátrico. Una vez estabilizado su mal, estas personas deberían salir a la calle y llevar una vida integrada.

El Departamento de Asuntos Sociales que dirige Ainhoa Domaica asegura, en una respuesta por escrito dirigida al PNV, que «no tiene constancia de que ese colectivo haya de-mandado ayudas económicas para costear alojamientos tutelados». Para la juntera jeltzale, esta afirmación «pervierte» el objetivo de los servicios sociales: «El sistema no puede responder a demanda, sino a necesidad», indicó Aguirre. «Hay personas que tienen tan pocos recursos que ni los pueden demandar», agregó.

Mercado laboral

Pese a que la Diputación insiste en que financia todos los centros de alojamiento tutelados que ahora prestan servicio a este colectivo, Aguirre no lo considera suficiente. A su juicio, la partida puede ayudar a ONG, como Bidegurutze y Erantsi, que trabajan con este tipo de personas. «Hay muchas que están institucionalizadas, que podrían estar en la calle y que con ayuda podrían acceder al mercado laboral», denunció.

Asuntos Sociales cree, sin embargo, que «las necesidades sociales que se pretendías cubrir con ese plan de ayudas ya están cubiertas con la firma de convenios».