FCC y Urco Urbasa no podrán construir en la manzana de la plaza de toros de Vitoria los 110 apartamentos tutelados para los que han pedido licencia, el triple de los que se comprometieron a edificar al obtener el contrato de reforma de la zona. Así lo anunció ayer el alcalde, Alfonso Alonso, quien se vio forzado a dar explicaciones ante la oposición cuatro días después de que EL CORREO desvelara en exclusiva la pretensión de las firmas de elevar de 3.001 a 8.000 metros cuadrados el espacio previsto para estas residencias, lo que fue calificado por los partidos de «'pelotazo' inmobiliario» y «proceso especulativo».

Alonso, que había guardado silencio desde el martes, cambió ayer de forma sustancial su discurso. Interpretó «perfectamente posible» impedir a las empresas acometer la ampliación del espacio destinado a apartamentos tutelados, los rentables pisos para personas mayores que tanto proliferan en los últimos meses en Vitoria. El martes, en una primera reacción de urgencia motivada por el estallido de la polémica, el regidor anunció que aunque los técnicos municipales habían denegado inicialmente la licencia a las empresas -entre otras razones por el desajuste entre los pisos previstos y los que finalmente se pretendían impulsar-, un segundo informe aceptaba los argumentos esgrimidos en su recurso por FCC y Urco Urbasa. En consecuencia, se despejaba de nuevo el camino para que «seguramente» las firmas recibieran el permiso.

Alonso matizó ayer que ha solicitado más informes y que su equipo ha detectado algunos detalles que pueden hacer prosperar el primer posicionamiento de los técnicos de Urbanismo, contrarios a conceder la licencia al bloque de apartamentos, comercios y oficinas que se levantará junto al nuevo coso taurino. FCC y Urco Urbasa, según el regidor, «también proponen superar el límite de edificabilidad contemplado en el conjunto del ámbito de la manzana de la plaza de toros, al prever casi 40.000 metros cuadrados en lugar de los 38.000 establecidos en el plan especial de la zona. Eso sí nos parece motivo suficiente de denegación de las licencias y en esta línea estamos trabajando», agregó.

Insinuaciones

Como es sabido, la operación se basa en que las empresas construyen por su cuenta y entregan gratis a la ciudad una nueva plaza de toros multiusos, un aparcamiento subterráneo para 700 vehículos y el espacio público resultante, además de dar en metálico 7,3 millones de euros para las arcas locales. A cambio, para financiar los equipamientos anteriores y hacer negocio, pueden edificar y vender un hotel, 98 pisos de lujo y un bloque de oficinas, comercios y apartamentos tutelados.

Desde la óptica empresarial, el incremento de los metros cuadrados destinados a estas últimas residencias es un aspecto clave para disparar su volumen de ingresos con la operación. Por la venta de los 110 apartamentos podrían obtener 28 millones de euros, en lugar de los 3 millones calculados en el primer momento, cuando ambas partes ajustaron las contraprestaciones económicas del contrato.

«No es un escándalo que las empresas pidan más de lo que les corresponde», terció Alonso, a quien la oposición solicitó medidas más duras contra FCC y su aliada local, Urco. «El escándalo sería dárselo», zanjó. «No hay ningún 'pelotazo'. Lo rechazo rotundamente».

Alonso se mostró especialmente sensible a ciertas «insinuaciones» de algunos partidos de la oposición, a los que pidió «respeto». «Tengo 39 años de honradez. Llegué con las manos limpias y así me iré, lo mismo que todo mi equipo. Y estos días hemos sufrido injusticias e inaceptables manipulaciones de los hechos», enfatizó.

«Algunos nos han acusado aquí de prevaricar, de ocultar información y de manipular informes», agregó, en referencia a una intervención del portavoz de EB, José Navas. «Mandaré la transcripción del acta a mis abogados», anunció.

No fue la única alusión directa. A Mikel Martínez (PNV) le acusó de «intentar hacer méritos ante su parroquia». Y a Patxi Lazcoz (PSE), que la víspera se había mostrado dispuesto a aceptar que se construyeran los 8.000 metros, a condición de que los pisos de más fueran de VPO y los adjudicara el Ayuntamiento, le arrojó: «El Ministerio de Fomento -ahora en manos socialistas- ha sacado a subasta la parte de los aprovechamientos que le correspondían por ser propietario de un 10% de la parcela para venderlos al mejor postor. ¿Es eso especular?». Agregó que «el 90% de las actuaciones urbanísticas de esta ciudad las hemos pactado el señor Lazcoz y yo. Así que no se por qué ve tantas cosas raras».

Alonso pidió «colaboración» a la oposición. «No estamos en un escenario fácil. Debemos estar juntos en esto», rogó.