La organización ilegalizada Segi, sucesora de Jarrai, ha convocado concentraciones para el próximo viernes, 19 de mayo, frente a las sedes del PSE en San Sebastián y Vitoria y la del PNV en Bilbao. Las convocatorias han sido realizadas mediante carteles y pancartas colocados en distintas localidades vascas y en las que, con la firma del grupo suspendido, se anuncia el acto con la intención de reclamar la independencia.

El portavoz y secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, señaló ayer que su partido tiene previsto reclamar a la consejería de Interior que «compruebe» la convocatoria de Segi y, posteriormente, «haga todo lo necesario para cumplir la ley, como lo ha hecho otras veces». Según Ares, que recordó que Segi es una organización ilegal, el departamento debería también recabar «el apoyo de los jueces» si entiende que debe solicitar una aclaración sobre este tipo de actos.

Por su parte, el parlamentario del PP Carlos Urquijo exigió al departamento que dirige Javier Balza que prohíba este tipo de concentraciones al haber sido organizadas por un colectivo ilegal. En una pregunta presentada ante la Cámara vasca, Urquijo recuerda que Segi «carece de capacidad para convocar actos públicos por lo que la obligación del Gobierno es prohibir las concentraciones si han sido previamente comunicadas y, en cualquier caso, impedir su celebración». Para el representante popular no cabe ninguna duda de que el grupo juvenil suspendido está detrás de las convocatorias frente a las sedes puesto que, según sus datos, «en el diario 'Gara' del pasado domingo aparecen con claridad los carteles en los que se llama a participar en los actos». El Departamento de Interior guardó ayer silencio sobre las anunciadas movilizaciones.

Asociación ilícita

Segi, sucesora de Jarrai, y de Haika, fue ilegalizada en febrero de 2002 por orden del juez Baltasar Garzón. En junio de 2005, la Audiencia Nacional hizo pública una sentencia en la que ordenaba la disolución de Jarrai, Haika y Segi, declaradas asociaciones ilícitas. En el fallo se imponían penas de entre 30 y 42 meses de cárcel a 24 de los procesados, a quienes no se consideraba vinculados a ETA, lo que fue recurrido por la Fiscalía.