El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, manifestó ayer que, con sus declaraciones, ETA «viene a desautorizar» los informes de verificación del alto el fuego. Según indicó en una comparecencia pública, «sigue habiendo extorsión, coacción y amenazas».

Catalán añadió que la banda armada, a través de sus portavoces, «no condena ni desautoriza los últimos atentados» sino que, «por el contrario, los justifica y ampara», entre ellos el que sufrió el comercio de un concejal de UPN en Barañáin, que afectó a varias viviendas. En este sentido, consideró «miserable» y «de un cinismo ejemplar» que se hubiera barajado como posible origen de lo sucedido un desacuerdo con la política de ayudas al euskera por parte del Ayuntamiento de esa localidad. ETA «lo deja muy claro», zanjó.

A su juicio, «la polémica» sobre las cartas de extorsión recibidas por algunos empresarios después del alto el fuego también queda «totalmente clarificada». «Allá el Gobierno con sus criterios y sus informes», advirtió Catalán, aunque confió en que «todos asumamos nuestros compromisos y estemos a la altura de la circunstancias» a la hora de ayudar a los afectados.

Tras asegurar que desde el Gobierno de Navarra se da a estas declaraciones de ETA «el mismo valor» que a su comunicado de alto el fuego, subrayó que la organización terrorista «demuestra que no ha renunciado a sus objetivos políticos: la autodeterminación, la territorialidad y la amnistía», y «mucho menos a las armas».