El juicio con jurado contra el vitoriano que, en la noche del 4 de agosto de 2004, mató a golpes a su hijo de 3 años en una vivienda de la calle Campo de los Palacios, en Adurza, se inició ayer en la Audiencia Provincial con una gran sorpresa. Las dos acusaciones -el Ministerio Fiscal y la asociación Clara Campoamor- y la defensa anunciaron que acababan de pactar una pena de 18 años de cárcel para el imputado, Pablo C.C., de 33 años. Las tres partes consideran que cometió un delito de «asesinato con alevosía y ensañamiento» y la agravante de parentesco, pero entienden también que se le debe aplicar la «atenuante muy cualificada de toxicomanía», ya que el inculpado comenzó a consumir droga a los 12 años y el día del crimen se inyectó cocaína. Una circunstancia que, unida a su personalidad inestable, «disminuyó» su capacidad y, por tanto, su responsabilidad penal.

Vestido con una sudadera gris cuyo amplio cuello utilizó para taparse por completo la cabeza y evitar que su rostro fuera recogido por las cámaras, el procesado aceptó la pena pactada y dio por bueno el espeluznante relato de los hechos que se le imputan, en el que se señala de forma expresa que era «perfectamente consciente de sus actos» cuando cometió su terrible crimen.

Sin embargo, Pablo -un hombre alto, corpulento y de mirada gélida- se había tapado los oídos con sus manos mientras la secretaria judicial daba lectura a la forma en que acabó con la vida de su hijo Iraitz. No quiso escucharlo. Quizá le pareció insoportable rememorar, en presencia del tribunal y del público que se encontraba en la sala, los pormenores de aquellas trágicas horas de una jornada en la que Vitoria estallaba de alegría.

«Infinidad de golpes»

Era el día del Chupinazo, la jornada inaugural de las fiestas de La Blanca. Y Pablo, que llevaba dos semanas alojado en casa de su hermano como paso previo a su ingreso en Proyecto Hombre para intentar desengancharse de las drogas, recibió a las cuatro de la tarde la visita de la madre de su hijo, una joven que había roto con él por su adicción a los estupefacientes. La mujer llevaba consigo a Iraitz para que pasara el día festivo con su padre.

Cuando la joven se marchó, el acusado se dirigió con su hijo al bar El Bodegón, en el Casco Viejo, y compró un gramo de cocaína. Tras adquirir unas jeringuillas en una farmacia próxima, llevó al pequeño al parque de la catedral nueva y se sacaron fotos antes de encaminarse hacia las barracas. Regresaron a casa hacia las 19 horas y, tras dejar al niño en un dormitorio jugando con una Play Station, se inyectó medio gramo de cocaína. Horas después, entre las diez y las doce de la noche, Pablo golpeó a Iraitz «infinidad de veces» con objetos decorativos de la sala.

Tapó a su hijo muerto con una manta y, en las horas siguientes, se dedicó a preparar su fallida coartada. Se autolesionó y manchó con su sangre las paredes de la casa para intentar hacer creer a su familia y a la Ertzaintza que unos individuos a los que había conocido en prisión les habían atacado.

Pese a la existencia del acuerdo entre las partes y a la conformidad del imputado, el juicio continuó celebrándose porque la condena solicitada supera los seis años de presidio. Así lo explicó la fiscal Carmen Cotelo a los miembros del jurado, compuesto por cuatro mujeres y cinco hombres. La acusadora pública, que en un primer momento había pedido 23 años de cárcel para el procesado, justificó su cambio de postura tras indicar que el prolongado consumo de «drogas por vía endovenosa afecta a las personas».

«Tremendo sufrimiento»

Por su parte, el abogado de la asociación Clara Campoamor, José Miguel Fernández, que en su día reclamó para Pablo la condena máxima, 30 años, aseguró que los 18 pactados no le parecían «la pena ideal», pero sí la «correcta» para este caso y «espero que así lo entienda» el jurado.

«El procesado ya había confesado antes haber matado a su hijo y hoy -por ayer- ha reconocido cómo lo ha hecho y que era consciente de sus actos», agregó el letrado antes de explicar al tribunal popular que su misión iba a consistir en determinar si «hay o no atenuantes» en la conducta de Pablo.

El defensor, Ángel Lapuente, pidió al jurado que acogiera el acuerdo de las tres partes e indicó que el acusado había aceptado los 18 años de cárcel «por el tremendo sufrimiento que tiene».

Al concluir esas explicaciones, comenzó el interrogatorio al imputado, que no duró más de tres minutos. «Sé que lo he hecho y sé que no he sido yo. Yo por mi hijo daría mi sangre y mis dos manos, pero la droga me ha llevado por ese camino», dijo ayer en actitud compungida.