El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ordenó anoche el ingreso en prisión de los seis presuntos miembros de ETA entregados el jueves por el Gobierno mexicano y que habían sido detenidos en julio de 2003 por formar parte supuestamente de una red que financiaba las actividades de la banda terrorista en el país centroamericano.
Tras comunicarles su procesamiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decretó el ingreso en prisión incondicional de Félix Salustiano García Rivera, 'Yiyo'; Asier Arronategi Duralde; María Asunción Gorrochategui Vázquez, 'La rubia'; Juan Carlos Artola Díaz, 'Mambrú'; José María Urkijo Borde, 'Kinito'; y Ernesto Alberdi Elejalde.
Con la expulsión a España de los seis supuestos activistas terminan tres años de batallas judiciales y diplomáticas, incluida la denegación de la extradición que en 2003 reclamó el juez Baltasar Garzón. El entonces titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional consideraba probado que los seis formaban parte del aparato logístico de ETA. Además, Garzón sostenía que 'Mambrú' y 'La rubia' fueron miembros del 'comando Donosti'; Salustiano García Rivera, 'Yiyo', formó parte del 'comando Axular'; y Asier Arronategi, colaboró con el 'comando Araba'.
A las órdenes de 'Kirru'
Los seis presuntos miembros de la organización terrorista llegaron a México en diferentes fechas entre 1991 y 1997, y se encargaron, por orden de Juan Ángel Otxoantesana Badiola, 'Kirru', de las tareas de acogida de miembros de ETA huidos -a los que facilitaban el traslado a otros países o su regreso a Francia para que se reincorporaran a la actividad armada-, y montaron una red de falsificación de documentos para los comandos en España y de adquisición de material para cometer atentados. Garzón aseguró en febrero de 2004 que 180 temporizadores empleados en acciones terroristas en Navarra y Cataluña fueron comprados por este grupo en empresas mexicanas y enviados a la cúpula de la organización en el país galo.
Los presuntos miembros de ETA utilizaron como tapadera para sus actividades «un grupo industrial maderero», según consta en el sumario investigado por el juez Garzón.