El juez Juan del Olmo reconoce, en un informe enviado ayer por la Audiencia Nacional al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la excarcelación del procesado por el 11-M Saed el Harrak se debió a un error suyo. El documento, elaborado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, deja claro que el fallo se produjo porque el magistrado no usó ninguno de los dos sistemas de alerta creados para evitar equivocaciones u olvidos.

Saed el Harrak, presuntamente implicado en los atentados contra los trenes de Cercanías en Madrid, tuvo que ser puesto en libertad el 10 de mayo pasado porque su situación de prisión preventiva no fue prorrogada antes de que se cumpliese el plazo de dos años por el que había sido acordada, lo que ocurrió el 6 de mayo. El juez, de hecho, tenía fijada desde un mes antes una vista el 16 de mayo para decretar su ampliación.

Del Olmo, que se reincorporó ayer a su juzgado después de un mes de baja por enfermedad, atribuye su equivocación -la vista debería haber sido el 6 de mayo, y no el 16- bien «a un error en la transcripción mecanográfica», o bien a un lapsus suyo en la lectura del listado de presos preventivos. En cualquier caso, el resto del personal de su juzgado quedaría exculpado, ya que Del Olmo lleva de forma directa el control de los presos preventivos.

El error no se habría producido, según el informe de Gómez Bermúdez, si el juez instructor utilizase los mecanismos de alerta existentes. No emplea el sistema instalado en el programa informático, que avisa de forma automática del agotamiento del en- carcelamiento preventivo días antes de que se produzca. Tampoco el procedimiento voluntario implantado por Gómez Bermúdez en 2004, que consiste en que todos los juzgados y tribunales le envíen cada trimestre el listado de sus presos preventivos, para que él los revise y alerte a los magistrados.

El dossier se incluirá en la investigación que realiza el Servicio de Inspección del CGPJ, y que puede dar lugar la próxima semana a la apertura de un expediente disciplinario contra Del Olmo. En casos similares, el Poder Judicial ha llegado a dictar traslados forzosos, suspensiones temporales de empleo y sueldo, e incluso separaciones de la carrera.